“Que yo sepa, y seguro que lo sabría, Bárcenas no le ha pagado todavía a Dolores los sesenta y tantos mil euros a los que fue condenado”. Declaraciones a ElPlural.com de fuentes de la dirección del PP en Castilla-La Mancha acerca del pulso que mantienen (o mantenían) la exsecretaria general y el extesorero del PP, condenado por la Audiencia Provincial de Toledo (sentencia ratificada por el Tribunal Supremo) a pagar a María Dolores de Cospedal 50.000 euros por atentar contra su honor, además de otros 17.461,39, correspondientes a la minuta de sus abogados y procuradores. En total, 67.461,39 euros que pocos ciudadanos podrían pagar por defender su honor ante los tribunales.
Pero claro, un ciudadano corriente no exhibe en su DNI un apellido con el abolengo (falso) aristocrático de De Cospedal, una de las políticas más ricas de España y cuyas nóminas batieron el récord entre la clase dirigente del país, llegando alcanzar algún año la cantidad de 250.000 euros (ver nómina de 2009), fruto de sus devengos como secretaria general del PP (167.864,98), senadora (69.310,52), diputada regional por Castilla-La Mancha (13.371,26. Renunció a este sueldo) y abogada del Estado en excedencia (3.560,80). Cuatro pagadores públicos, ¡cuatro!, para una misma persona, lo que le valió el sobrenombre de “La bien pagá”.
Decimos dinero público porque no podemos olvidar que entre el 80 y el 90 por ciento de los ingresos de los partidos políticos, incluido el Partido Popular, proceden de las asignaciones que el Estado abona a estas formaciones por diversos conceptos (votos conseguidos, escaños en las cámaras, representación...)
Historia judicial de los 67.000 euros
El caso es que Cospedal y Bárcenas han mantenido una guerra abierta y cainita, con reproches mutuos, querellas, insultos, amenazas y declaraciones recíprocas que acabaron en los juzgados de Toledo en 2013, después de la denuncia presentada por ella contra el extesorero y otrora compañero de escaño en el Senado, Luis Bárcenas, a quien acusó de atentar contra su honor por asegurar él en sede judicial que Cospedal había cobrado del partido dinero en B.
En primera instancia, el titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Toledo le dio la razón a Bárcenas. Cospedal recurrió a la Audiencia Provincial, presidida por el único magistrado testigo en su boda con el que fue considerado “príncipe” del ladrillo, Ignacio López del Hierro, y el tribunal le dio la razón, revocando la sentencia del juez del Nº 4. Bárcenas recurrió al Tribunal Supremo, que sin entrar a valorar el caso, desestimó la admisión a trámite de su recurso. Cospedal había ganado esa batalla judicial y Bárcenas tenía que abonarle, como decimos, la nada desdeñable cantidad de 67.000 euros. Y es que en aquellos años de reinado “popular” el honor de la madrileña se pagaba a precio de oro.
Cospedal atiende las acusaciones de Bárcenas vía plasma desde la cárcel Soto del Real
A partir de ese momento, julio de 2017, María Dolores de Cospedal inicia otra nueva batalla para cobrar la citada cantidad. Su abogado, que por llevarle el caso cobró 17.461, 39 euros (15.624,74 en los juicios en Toledo, y 1.836,65 por las alegaciones ante el Tribunal Supremo), presentó un recurso ante la Audiencia Nacional, a petición de la exsecretaria general, solicitando que desbloqueara las cuentas intervenidas a Bárcenas para poder cobrar la indemnización fijada por la Audiencia Provincial de Toledo y ratificada por el TS.
Al no obtener respuesta favorable por parte de la AN, ocho meses después, Cospedal volvía a la carga y en marzo de este año exigía a la Audiencia Nacional el desbloqueo de dichas cuentas suizas para, en esta ocasión, poder abonar la minuta a su abogado y procuradora. La exministra de Defensa aludía que, si el tribunal desbloqueaba los fondos bancarios de Bárcenas para pagar la luz, las medicinas o el pan nuestro de cada día, los mismos argumentos deberían ser aplicados para que su letrado cobrara la factura de sus servicios de defensa.
Cuatro meses de silencio
Pero las prisas de Cospedal para que Bárcenas le pagara los 67.000 euros se han ido diluyendo en el tiempo y han perdido vigencia y exigencia, coincidiendo (y sólo es una coincidencia) con el amago por parte del extesorero del PP de tirar de la manta el pasado mes de mayo si su mujer, Rosalía Iglesias, iba a prisión. La conyugue del hoy residente en Soto del Real fue condenada a 15 años y puesta en libertad a las pocas horas tras ingresar en la Audiencia Nacional 200.000 euros de fianza. ¿15 años y en la calle?
El caso es que Cospedal desde marzo no ha dicho ni “mú”. Ni siquiera en su comparecencia, en mayo de 2018, ante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Allí, en el Congreso de los Diputados, donde mintió varias veces sobre el proceso judicial contra Bárcenas, la lideresa manchega aseguró “no tener miedo en absoluto” por lo que pudiera decir el extesorero, pero, por si acaso, ha “olvidado” insistir en cobrar los 67.000 euros de su honor.
Cantidad, por cierto, que serviría para comprar un piso, en Santa María de Benquerencia (Polígono), de 87 metros cuadrados; u otro en el Casco Histórico, con dos habitaciones y 70 m2, o un tercero en Santa Bárbara, de 73 metros cuadrados, todos ellos barrios humildes de Toledo anunciados en “Fotocasa.es”, de cuya provincia Cospedal es diputada nacional desde 2015 y propietaria de una mansión en la elitista zona de “Los Cigarrales”, de 820 metros construidos y una parcela de 12.000 metros cuadrados, regalo de la empresa de su esposo, Hilo de Inversiones, valorada en 2,3 millones de euros.
Está claro que todos los ciudadanos no se llaman María Dolores de Cospedal.