Sin necesidad de que Podemos o Ciudadanos tengan que renunciar de manera preventiva, acabamos de descubrir un nuevo privilegio de la casta: los diputados tienen derecho a un baño de riñón cuando dejan el Congreso. Una especie de indemnización laboral por la que mataría cualquier currito español y que les permite llevarse 2.813 euros al mes mientras no encuentren trabajo.

La cantidad, que frisa por poco los cuatro salarios mínimos, es recibida a razón de 30 días por año trabajado. Con la actual reforma laboral del Partido Popular, los ciudadanos de a pie pueden, como mucho, aspirar a 33 días por año trabajado. Eso, cuando se consigue que los jueces admitan el despido como improcedente, los astros se alineen y el año sea bisiesto. En consecuencia, cuando las circunstancias se dan, es lógico que hasta venga una banda a tocar mientras recibes el finiquito.

Lo habitual, con las facilidades dadas a las empresas por el Gobierno, es que el despido se considere objetivo alegando baja productividad, caída previsible de beneficios (que no pérdidas) o que el trabajador come mandarinas en su puesto de trabajo, con el mal olor que genera. En ese caso, la indemnización es de 20 días por año trabajado, con un tope máximo de 12 mensualidades.

En cambio, entre la lista de más de 60 diputados que han pedido esta componenda, muchos de ellos superan las 12 mensualidades. Ignacio Gil Lázaro, el líder del grupo -que está formado en un 64% por el PP y un 25% por el PSOE- llega incluso a cobrar por 24 mensualidades.

Lo más llamativo, quizás, es que los diputados sin escaño cobren una indemnización como si lo suyo hubiera sido un despido improcedente, cuando no hay nada más procedente a que te pongan en la calle 35 millones de españoles. Más aún si hablamos de Ana Mato, a quien los españoles quisieron poner en la calle durante varios años.

La indemnización se cobra siempre y cuando los diputados no consigan encontrar un trabajo. Lo que en el caso de Mato es sangrante, a la vista de cómo Mariano Rajoy la defendía a capa y espada cuando era ministra de Sanidad, por mucho ébola que trajese al país. Y sorprende que ni en el PP le hayan encontrado un hueco como uno de esos “funcionarios” misteriosos a los que no se puede echar. Su exmarido, Jesús Sepúlveda, sabe bastante del tema y podría asesorarla.

Visto en perspectiva, el dinero que todos los españoles pagamos a Ana Mato podría ser una buena inversión. Siempre que, en la carta de despido, se le incluya una cláusula de alejamiento por la que no pueda volver a acercarse a un cargo público de manera vitalicia. Sale rentable, mientras se quede en casa.