El artículo 20 de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha es contundente: “Los miembros del Gobierno están obligados a presentar declaración de sus actividades, bienes y rentas (…) en el plazo de un mes desde el nombramiento o cese” (ver Ley). Pues bien, 54 exaltos cargos del anterior Gobierno autonómico del PP presidido por María Dolores Cospedal no han presentado estas declaraciones obligatorias por ley, un requisito que sí han cumplido todos los altos cargos del Ejecutivo socialista, según datos aportados por su presidente, Emiliano García-Page, en rueda de prensa para dar cuenta de los cien días de su mandato.

Inhabilitación de “los piratas”…
Ante tamaño quebranto de la ley, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que en la ley de transparencia que ya elabora el Ejecutivo autonómico incluirá la inhabilitación de los altos cargos públicos que no presenten sus declaraciones de bienes, renta y patrimonio. “Éste es un Gobierno que tiene claro que además de ser honesto tiene que parecerlo y, por ello, todos los altos cargos cumplen con la legislación relativa a la publicidad de sus declaraciones”, ha sostenido García-Page, que ha defendido que “nadie ha dejado de venir porque tenga miedo a publicar sus bienes”, y ha añadido que todos los altos cargos tienen su domicilio fiscal en la región, algo que no ocurría con Cospedal que contaba con la mayoría de sus altos cargos con residencia fiscal y empadronamiento en Madrid.

… Y publicación de sus nombres
García-Page, que se ha comprometido a hacer pública la lista de los exaltos cargos que no publicaron su declaración de bienes porque “la mínima sanción que tiene un incumplimiento de este tipo es que se sepa”, ha adelantado que en la futura ley de transparencia “habrá un régimen sancionador para quien incumpla” la ley que obliga a la publicación de la declaración de bienes e incluso incluirá “un régimen de inhabilitación”. El presidente autonómico también ha propuesto que, a nivel nacional, quienes se nieguen a declarar su patrimonio pierdan su derecho al sufragio pasivo, es decir, a ser votado en unas elecciones, aunque ha señalado que este aspecto se debe estudiar con detalle, ya que es un derecho recogido en la Constitución Española.

Ningún exconsejero en la lista…
Sobre si en la lista de 54 exaltos cargos se encuentran miembros del anterior Gobierno regional, García-Page ha aclarado que no se ha dado esta circunstancia, aunque ha añadido que sí se han dado casos de que “miembros del Gobierno no han declarado como Gobierno, sino con otro título (parlamentario)”, incidiendo en la necesidad de que este tipo de incumplimientos legales “tan flagrantes” sean sancionados, si bien ha comentado que el actual Gobierno regional “no ha querido hacer el circo de subastar coches oficiales en un barrizal ni de hacer el canelo buscando libros en unas naves”, en alusión al paripé mediático montado por Cospedal nada más llegar a la Presidencia de Castilla La Mancha. “Es lamentable el nivel con el que se abordó la transición política hace cuatro años”, ha dicho, para seguidamente subrayar que, por contra, el actual Ejecutivo “ha comenzado una nueva política que tiene que ver con la transparencia y la honestidad”, declaraciones recogidas por EFE.

…Pero muchos directores generales
A pesar del hermetismo del presidente García-Page, ELPLURAL.COM ha revisado las declaraciones de bienes que todos los cesantes deberían haber presentado entre julio y agosto, o a lo sumo a principios de septiembre, y hemos encontrado entre “los piratas” de Cospedal, como los denomina un líder socialista en Castilla La Mancha, al actual coordinador del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Velasco, exdirector general de Universidades, que no tuvo reparos en compatibilizar su cargo con el de profesor en el campus castellano-manchego (inusual en la política española y denunciado por nuestro periódico), y en la actualidad “bestia negra” de la alcaldesa socialista de Toledo, Milagros Tolón, a la que pide más “transparencia” y otras exigencias que viniendo de su boca lo inhabilita moralmente para exigir lo que él incumple sin dar explicaciones alguna. Otro de los pesos pesados del anterior Gobierno de Cospedal que se ha pasado por el “arco de triunfo” su obligada presentación de la declaración de bienes es el exdirector general del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Luis Carretero; o la secretaria general de Sanidad y Asuntos Sociales, Patricia Navarro; o Miguel Ángel Gutiérrez, director general de Infraestructuras y Desarrollo Rural…entre otros.

Infracciones “muy graves”
En la referida Ley del Gobierno, en su artículo 21, recoge como infracción grave “la no presentación de las declaraciones transcurrido un mes desde que el obligado a hacerlo haya sido requerido por el incumplimiento de su obligación, y la no subsanación en igual plazo de los errores u omisiones, cuando se haya producido requerimiento para ello”. En este caso la infracción es muy grave, puesto que se incumple  “la obligación de declarar por quienes hayan sido sancionados por comisión de la infracción prevista en el apartado anterior o la ocultación”. La normativa recoge, en este sentido, que las infracciones previstas contemplen “la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del nombre de los infractores, la infracción cometida, con requerimiento al infractor, en su caso, para que lleve a efecto las declaraciones a que está obligado, así como el cese inmediato y la inhabilitación para ocupar cargos similares en el plazo de cuatro años”. Circunstancia citada por García-Page, que quiere ir más lejos con sanciones efectivas y contundentes.