En un comunicado, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) esta organización agradece que el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, manifestara su convicción de que el prior de la comunidad benedictina, que se encuentra en el Valle de los Caídos, debía permitir las exhumaciones de víctimas del franquismo ordenadas por una sentencia judicial. 

"Esperamos que la postura mostrada por el presidente de la Conferencia Episcopal con respeto al legítimo derecho de los familiares que quieren recuperar los restos de sus seres queridos del Valle de los Caídos, sea el principio de un proceso y no un hito puntual", añade esta asociación.

Recuerdan que ha solicitado en numerosas ocasiones a la Conferencia Episcopal "un gesto de autocondena pública de su actuación durante la Guerra Civil y la dura represión llevada a cabo en lugares donde nunca hubo una guerra".

"El Valle de los Caídos, con su gigantesca cruz, forma parte del envoltorio católico con el que se quisieron justificar los crímenes de la dictadura y el papel de la jerarquía católica fue el de cómplice, artífice y de legitimación de cuarenta años llenos de violencia y oscuridad", asegura el presidente de la ARMH, Emilio Silva.

Para esta asociación, las declaraciones de Blázquez deberían ser "un punto de inflexión para que la jerarquía católica deje de ocultar ese pasado y colabore con las víctimas de la dictadura facilitando toda la documentación de la que dispone". 

El prior retira el recurso a las exhumaciones

Mientras, después de la llamada de atención de Ricardo Blázquez, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha retirado el recurso contencioso-administrativo contra las exhumaciones de la familia de los Hermanos Lapeña en la zona.

Así lo ha confirmó el viernes a El Plural el abogado Eduardo Ranz, que ha explicado que el procurador le trasladó ese mismo día la noticia, que considera "un paso gigantesco". Paso para el que considera importante la intervención final del Presidente de la Conferencia Episcopal: "el camino que nos une es el mismo, el humanitario. Ha habido un juez, partidos políticos, Patrimonio Nacional, conferencia Episcopal y Arzobispo de Madrid, y por supuesto las familias, que con su fuerza van a recuperar a sus olvidados"

Ahora, ha seguido diciendo, "se podrá retomar el trabajo que se iba a realizar en noviembre", que depende de Patrimonio Nacional, una "sentencia firme que ya no tiene posibilidad de recurso". Ranz, que representa a ocho familias -dos del bando nacional-, ha explicado que se realizarán trabajos arqueológicos y forenses con un "criterio estrictamente científico".

Cantera paralizó la operación bajo el primer argumento de que podría dañar la basílica, aunque no permitió que técnicos de Patrimonio Nacional -propietario del Valle- accedieran para evaluarlo y posteriormente alegando que era un cementerio religioso, en contra de los argumentos de la Abogacía del Estado. El prior-administrador ha obstaculizado reiteradamente el cumplimiento de la sentencia, pese a que la Abadía es de propiedad estatal, gestiona el hotel y el restaurante del valle y además, recibe 340.000€ anuales de las arcas públicas. También se negó a acudir a la llamada de la Comisión de Justicia del Senado, que le pidió comparecer para explicar sus acciones, replicando en una misiva que daría las explicaciones si eran los senadores quienes iban a verle. Algo a lo que algunos accedieron.