La infanta Cristina se mantiene intocable
El juez ha dejado fuera de la instrucción de este caso a la infanta Cristina, a la que ha rechazado citar a declarar, a pesar de que formaba parte de la directiva de Nóos y era propietaria del 50% de la empresa Aizoon, una de las usó su marido para desviar dinero público.
La coartada de Urdangarin no funcionó
Con varios meses por delante de instrucción aun, la investigación judicial cree acreditados al menos cuatro delitos para juzgar al yerno del Rey, después de que el juez instructor, José Castro, desmontara la coartada de Urdangarin de desvincularse de la trama empresarial Nóos y achacar a su antiguo socio, Diego Torres, toda la responsabilidad.
Fraude a la Administración
La investigación ve claro el delito de fraude a la Administración, después de constatar que el duque de Palma consiguió de los gobiernos de Francisco Camps, en la Comunidad Valenciana, y de Jaume Matas, en Baleares contratos irregulares, que no siguieron la normativa y le reportaron casi seis millones de euros que fueron a parar en gran parte a sus empresas privadas, a pesar de que en ocasiones ni siquiera prestaron los servicios facturados.
Prevaricación
También ve probado un delito de prevaricación, dado que Urgandarin consiguió los concursos sin que mediaran concursos. El juez entiende que el duque es un representante de la Familia Real y se basa en declaraciones del expresidente Jaume Matas, quien afirmó que “Urdangarin nos ofreció una colaboración con toda la credibilidad y seriedad que da la familia real. Era impensable que el Gobierno balear respondiera a la oferta de colaboración realizada por el duque de Palma diciéndole que convocaríamos un concurso y que se presentara al mismo y lo ganara”.
Falsedad documental
En cuanto a la falsedad documental, Urdangarin y su socio justificaron el dinero ganado en las Administraciones con facturas que no se correspondían con los servicios realzados, o con facturas con fechas anteriores a la firma del contrato.
Además, la investigación detectó la falsificación de firmas en la presentación de ofertas a un concurso para la promoción del equipo ciclista patrocinado por el Gobierno balear.
Malversación
El duque y su socio también serán acusados de malversación de caudales públicos, ya que recibieron más de seis millones de euros de dinero público a través de un instituto que no tenía ánimo de lucro y con sobrecostes, ya que la organización de los eventos facturados no alcanzó ni la mitad de esos seis millones.
