El exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda Social (EMVS) Fermín Oslé, ha declarado este miércoles ante el juez como firmante de la venta de 1.860 viviendas protegidas, en 2013, durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa de Madrid.
Su declaración se enmarca en la instrucción reabierta por orden de la Audiencia Provincial de Madrid a raíz de las querella presentadas por los asociación de afectados por la venta y del PSOE, a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Madrid, con el actual Gobierno de Manuela Carmena.
Además de Fermín Oslé, ha comparecido ante el juez el apoderado de Fidere, la firma que gestiona las 18 promociones vendidas, Alfonso Benavides. Ninguno de los dos han contestado a las preguntas de los abogados de los afectados por esta operación y de la EMVS, y se han limitado a responder al juez.
Oslé atribuye la venta a la crisis
El exconsejero delegado de la EMVS ha justificado la venta de las viviendas sociales al fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone a la difícil situación económica del Ayuntamiento de Madrid y a que el Plan de Viabilidad exigía esa operación.
El abogado de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Mariano Benítez de Lugo, se ha congratulado de que Oslé y Benavides hayan tenido que comparecer ante el juez tras “más de tres años” desde que reclamó su declaración.
Benítez de Lugo ha anunciado que pedirá al juez que tome declaración a la alcaldesa en el momento de la venta, Ana Botella, y a la que fue su Junta de Gobierno.
Sobre la negativa del exalto cargo de la EMVS a responder a sus preguntas, Benítez de Lugo ha apuntado a la falta de transparencia en esta operación, al afirmar que "cuando uno tiene la conciencia tranquila no tiene por qué tener miedo a las preguntas de un abogado".
La reapertura del caso
Las comparecencias de Oslé y Benavides ante el juez se produce después de la reapertura de este caso por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó los recursos de apelación de la Asociación de Afectados y del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital contra el archivo provisional decretado por el instructor del Juzgado número 38 de Madrid, Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, en enero pasado.
Según la Cámara de Cuentas, la EMVS vendió 1.860 pisos sin la existencia de pliegos de condiciones y por un precio muy inferior a su valor de mercado, fijado por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación.
En la operación aprobada por el Ayuntamiento de Ana Botella pudieron cometerse delitos de prevaricación, de malversación y fraude.
