Por ello, las víctimas del franquismo han presentado un texto ante la ONU de más de cien páginas dirigido al Relator Especial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos, el argentino Juan Méndez. En él denuncian el incumplimiento del Gobierno a la hora de buscar los restos de los desaparecidos, recuerdan el "sufrimiento" de los familiares de avanzada edad que están en "riesgo de morir" y no conocen el paradero de sus seres queridos y, critican que el Estado no se haya preocupado por encontrar los restos mortales, de "al menos 113.000 víctimas", que continúan "desperdigados entre matorrales o directamente insepultos".

Crimen de lesa humanidad
La Convención de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra este tipo desapariciones, asegura que la "práctica generalizada o sistemática" de no buscar a estas personas constituye un "crimen de lesa humanidad" y establece a los Estados la obligación de tomar las medidas apropiadas para investigar prohibiendo así encomendar esta búsqueda a las familias.