La investigación sobre la presunta caja B del Partido Popular de Madrid sigue avanzando y la UCO ha dado un paso más en sus pesquisas, estrechando aún más el lazo sobre Esperanza Aguirre. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de un atestado que acaba de ser incorporado al sumario de la Púnica, concluye que el gobierno de la ex lideresa amañó adjudicaciones para sufragar una porción de los gastos de la campaña de la formación conservadora para las elecciones autonómicas de 2011.

Los fondos, según el citado documento, se canalizaron mediante una agencia que operaba para los populares, Laboratorio de Almagro 36 SL, según desvela El Confidencial. El atestado señala directamente a Borja Sarasola, integrante del núcleo más arraigado a la exlideresa y que, casualmente, aún no había sido relacionado con la presunta caja B del PP.

La UCO explica que, antes y después de los comicios autonómicos en los que el PP se alzaría con la mayoría absoluta, el que entonces ejercía como viceconsejero de Presidencia, Borja Sarasola, se reunió con los responsables de la citada empresa para informarles sobre subastas que por entonces no eran públicas. Unos datos que le vinieron como anillo al dedo a  El Laboratorio de Almagro 36 SL, pues partía con ventaja en los concursos.

El cerco se estrecha

Pero Sarasola y otros altos cargos de la Comunidad de Madrid de Aguirre habrían creado subastas con el fin de inyectar fondos en la que se había convertido la firma de cabecera de la formación popular en Madrid. Así las cosas, el PP conseguiría sufragar una parte de los gastos de la campaña con fondos públicos.

El atestado explica que "los principales hechos investigados se circunscriben a la adjudicación del contrato público 'Creatividad y producción de una campaña informativa de la Consejería de Economía y Hacienda y que tiene por objeto informar a todos los madrileños de los beneficios y servicios que obtienen de la Comunidad de Madrid por cumplir con sus obligaciones tributaria', que fue licitado por la Consejería de Hacienda”.

Las claves de la investigación se encontraban en el correo electrónico de la consejera delegada de la agencia, María Luisa Madariaga, pero también en "documentación relativa al expediente del contrato menor y documentación mercantil relacionada con la ejecución del mismo". Sarasola presuntamente se valió de su peso en el Gobierno madrileño para ordenar a Francisco Lobo - secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda - que arrancara el mecanismo para adjudicar un contrato por 21.228 euros a El Laboratorio de Almagro 36 SL. En este momento, Lobo daría a luz a una memoria cuyo fin era ocultar el truco.

La pantalla

La UCO determina que los fondos se desviaron mediante la creación de una "necesidad pública inventada", que se correspondía con un sonde demoscópico cuyos sobrecostes "servirían para ser utilizados en solventar una deuda privada". El atestado recoge que "el coste real de la prestación realizada no alcanzaría ni el 7% del importe de la factura que fue abonada con dinero público" y destacan que el porcentaje restante fue malversado.

Pero El Laboratorio de Almagro 36 SL se presentó a concurso en colaboración con una empresa que utilizaría como pantalla - Thinking Forward Spain SL -, con la que no tenía ningún vínculo de tipo accionarial ni de cualquier otra índole. Así, según la UCO, la firma que ostentaba el "contacto político y los favores derivados del mismo se asegura la obtención de beneficios económicos sin figurar como adjudicatarios de ninguna licitación".

Con este atestado, la UCO deja patente nuevos indicios sobre la presunta existencia de la caja B del Partido Popular de Madrid desde 2007 a 2011, periodo en el que se incluyen las elecciones generales de 2008. Al menos 685.000 euros del presupuesto popular de la campaña tuvieron un dudoso origen. Por otro lado, Esperanza Aguirre sigue perdiendo piezas en su carrera judicial y el cerco de la UCO se estrecha sobre la exlideresa.