El Congreso de los Diputados sigue trabajando a toda máquina para desmontar las leyes más polémicas de la Legislatura pasada, cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta. El próximo paso, salvo sorpresa, será derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ató de manos a los jueces para que sólo tuvieran 6 meses para instruir procesos penales como los de la corrupción.
Esta exigencia, que podía ampliarse como mucho a 18 meses siempre y cuando los jueces declarasen a tiempo y motivasen que la causa era de “especial complejidad”, era perfecta para que muchos casos de corrupción fueran archivados de forma abrupta, según denunciaban hasta seis asociaciones de jueces y fiscales.
Por ejemplo, a principios de año se tuvo que archivar el caso de la pasarela sobre la rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, donde se investigaba un supuesto caso de prevaricación que afectaría a Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente de Murcia. Días después, la mayoría parlamentaria del PP en el Senado bloqueaba la proposición para derogar esta reforma con el argumento de los plazos impuestos son “realistas y razonables y obedecen a un estudio pormenorizado de los procesos”.
Sin embargo, en el Congreso no hay mayoría absoluta y la propuesta de Unidos Podemos que plantea la supresión de la reforma saldrá adelante salvo sorpresas. En la proposición, Unidos Podemos argumenta que reducir los plazos de instrucción sin dar a los juzgados más medios “equivale en la práctica a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos”.
Una restricción que “tendrá especial incidencia en las instrucciones más complejas, como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción, así como de criminalidad organizada”.
Está previsto que la iniciativa se admita a trámite puesto que PSOE y Ciudadanos han hecho pública su intención de apoyarla.
