La operación contra la presunta corrupción en Getafe durante la etapa del anterior regidor, Juan Soler-Espiauba, se ha saldado con la detención de seis miembros del Consistorio entre funcionarios y arquitectos municipales. El PP de esta localidad madrileña ha afrontado la crisis echando balones fuera con aspectos técnicos e insistiendo en que las decisiones políticas respecto a la construcción de un nuevo teatro en la calle Madrid fueron correctas. 

ELPLURAL.COM ha accedido a la querella que ha dado origen a toda la investigación y que presentaron en marzo de 2015 dos particulares vinculados a los movimientos vecinales y sociales de Getafe, una acción judicial fuertemente respaldada por documentos. En primer lugar apuntaba que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su informe de fiscalización sobre los contratos públicos de 2012 ponía  en tela de juicio la legalidad de algunos contratos efectuados por el Ayuntamiento de Getafe durante aquel año y más en concreto respecto a la solvencia de Sociedad Mercantil Getafe Iniciativas S. A. (GISA), una sociedad municipal: 

La solvencia mínima exigida de las empresas o de los profesionales para ser admitidos en el procedimiento negociado sin publicidad celebrado para adjudicar el contrato nº 213 de "Redacción de proyecto básico y de ejecución del Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas de Getafe", no era particularmente rigurosa: disponer el arquitecto y el arquitecto técnicos responsables de la ejecución de una experiencia profesional mínima de 5 años.

El órgano de contratación invitó a presentar oferta a tres empresas, dos de las cuales fueron excluidas por no acreditar la solvencia requerida.

De esta manera no se produjo una concurrencia efectiva ya que el órgano de contratación solamente obtuvo la proposición de una empresa.

El órgano de contratación tiene la obligación, artículo 178.1 TRLCSP, de solicitar ofertas de empresas capacitadas, es decir, entre otras cuestiones, que dispongan de la solvencia precisa para concurrir a la licitación

La querella recuerda que a pesar de las alertas el proyecto siguió adelante y señala directamente al exalcalde de Getafe en el origen de las presuntas irregularidades porque todo se inició con un decreto municipal con fecha de 12 de noviembre de 2012 "por medio del cual se realiza una encomienda de gestión a la citada empresa municipal GISA para los trabajos preparatorios para la construcción del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas en el número 50 de la Calle Madrid del municipio de Getafe".  Es decir, el Ayuntamiento deriva a una empresa municipal y luego lo justifica firmando un convenio con la Comunidad de Madrid para agilizar los plazos como reconoció la propia Junta de Gobierno Local:

“Un proyecto de este tipo cuenta con un dilatado programa de actuaciones, por lo que la agilidad en la tramitación adquiere una relevancia especial. De los 18 meses previstos para la ejecución total del proyecto, casi 8 se consumirán en la tramitación de los expedientes, lo que supone un 44% del tiempo total. El objetivo a que se ha comprometido la Corporación, de contar con este equipamiento dentro de la legislatura, y la necesidad de cumplir con los plazos recogidos en el Convenio firmado con la CAM, hacen necesario acudir a la mayor agilidad y total garantía para tramitar contrataciones que ofrece la empresa GISA”. 

Ante estos datos, los querellantes apuntaban que el entonces alcalde y los que eran sus concejales delegados de Urbanismo, Paz Álvarez Sánchez-Arjona, y de Hacienda, Fernando Lázaro, como consejero delegado de GISA, consiguieron "saltarse los trámites de la Mesa de Contratación, tal y como está establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, incluso tratándose de un procedimiento negociado sin publicidad, como es el caso que nos ocupa, cuyas ofertas también tendrían que ser analizadas por este órgano municipal". GISA es una empresa con capital 100% municipal que está presidida por el Alcalde de Getafe, Juan Soler Espiauba-Gallo, siendo Consejero Delegado de la misma en la época donde sucedieron estos hechos el concejal de Hacienda, Comercio, Industria y Hostelería del Ayuntamiento de Getafe, Fernando Lázaro Soler.

A partir de ahí según la querella la gerencia de GISA aprueban unos pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas "que dan origen a un procedimiento para la realización de dos contratos, lo cual supone, en principio un indicio de presunto fraccionamiento de contratos, ya que estos dos contratos se adjudican a la misma empresa". Un contrato de 49.000 euros era para el derribo del edificio existente donde se iba a ubicar el teatro y otro de 71.000 euros para la construcción del mismo. A partir de ahí la querella insite en la falta de rigor del proceso de adjudicación y "la existencia de claros indicios de que había una clara voluntad previa de adjudicar los contratos a la mercantil VEGAS ARQUITECTURA S.L a través de GISA, con la excusa de agilizar los trámites, pero en la práctica para librarse de los controles administrativos, mucho más rígidos y estrictos, del propio Ayuntamiento de Getafe". Insisten en que Vegas no cumplía con requesitos básicos en materia de formación exigibles para este tipo de adjudicaciones. 

Los querellantes advierten de que Soler y otros miembros de su equipo municipal podrían haber concurrido en prevaricación con este proceder. Esto es lo que ahora tiene que dirimir el juez en parte con los documentos obtenidos en los registros de hoy. Según fuentes del caso durante esos registros se ha buscado si había más contratos con esa misma empresa.