[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"26947","attributes":{"class":"media-image wp-image-286291 ","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"640","height":"439","alt":"El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro (c), junto al cardenal-arzobispo de Barcelona, Lluis Mart\u00ednez Sistach (i), y el presidente de la Conferencia Episcopal Espa\u00f1ola (CEE), Ricardo Bl\u00e1zquez (d), durante la CIV reuni\u00f3n de su Asamblea Plenaria en la que elegir\u00e1n a un nuevo miembro del Comit\u00e9 Ejecutivo y a los representantes de la CEE en la reuni\u00f3n del S\u00ednodo de los Obispos sobre la Familia que se celebrar\u00e1 en Roma en contubre de 2015. EFE"}}]] El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro (c), junto al cardenal-arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach (i), y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez (d) EFE /Archivo



La Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno no afecta a la Iglesia católica, a la que no fiscaliza el Tribunal de Cuentas, como sí ocurre con los partidos políticos o las Organizaciones No Gubernamentales. Los obispos sólo tienen la obligación de presentar una memoria sobre el uso que han hecho de los fondos públicos, que reciben sobre todo de lo recaudado por la vía de la casilla de la Iglesia en la declaración del IRPF, y que ronda cada daño alrededor de los 250 millones de euros; esto, además de los beneficios fiscales de que disfrutan, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Lo que dice la Ley de Transparencia
El artículo 3 de la Ley de Transparencia establece que las entidades privadas que reciben ayudas estatales deben publicitar recursos económicos de los que disponen y actividades que realizan, si “las ayudas sean superiores a los cien mil euros, o que al menos, el 40% de sus ingresos tenga carácter de subvención o ayuda pública". Fuentes del tribunal de Cuentas citadas por el diario Público apuntan que si hubiese voluntad real de fiscalizar el dinero de los ciudadanos que recibe la Iglesia Católica, podría hacerse aplicando esta ley.

La Iglesia católica está protegida por el acuerdo con la Santa Sede, del 3 de enero de 1979, que la salva de dar cuenta de sus gastos del dinero público. Concretamente, se establece que los fondos que el Estado español destine a los obispos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, deberá cuantificarlos conforme a los fines que la institución fije y que deberá explicar a través de un “relato” que ésta haga de los gastos, a través de la mencionada memoria.

La exención del IBI y la paga de profesores de religión
A esto hay que añadie que la Iglesia Católica sigue disfrutando de la exención de la paga del IBI. Según Europa Laica, este regalo supone cada año entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Otro beneficio que ha saltado recientemente a la luz, gracias al ladrón del Códice Calixtino, es la enorme cantidad de dinero libre de impuestos que recauda la Iglesia con el famoso cepillo. Sólo en la Catedral de Santiago de Compostela se estima que lo recaudado supera los cuatro millones de euros al año. Todo sin declarar.

Por otra parte, el Estado paga a la Iglesia Católica cada año 109 millones de euros con los que se paga a los docentes de Religión que enseñan la historia del Catolicismo en los colegios públicos.