El polémico despido de una profesora embarazada por parte de la Junta de Castilla-La Mancha que preside María Dolores de Cospedal está en los tribunales. El caso se remonta a enero de 2012 cuando una profesora embarazada, Silvia Campos, fue despedida del instituto público Antonio Jiménez Landi de Méntrida (Toledo), donde ocupaba una plaza como sustituta para impartir la asignatura Lengua Castellana y Literatura.

Declaración responsable
El caso lo expone el diario Público, que explica que a la profesora se le adjudicó la plaza de Méntrida (Toledo) el 13 de enero, y tres días después empezó a desempeñar su labor. En sus informes la Junta alegó que desde ese primer día la profesora llegó al centro "con retraso" y firmó una "declaración responsable" jurando no estar incursa "en proceso alguno de incapacidad". Dos días después la profesora, que entonces estaba embarazada de siete meses y medio, faltó para asistir al ginecólogo. Y el 20 de enero el médico de cabecera le concedió la baja médica por la lumbalgia.

La Junta alega ocultación
Tras la baja de Campos, la Junta la despidió mediante un informe a la Inspección Médica de la propia Consejería de Educación que descartaba "un posible origen agudo o repentino" en la lumbalgia al ser "una de las complicaciones más frecuentes de las embarazadas". Justificaron así la procedencia del despido porque según ellos se habría ocultado esa dolencia previa

"No iba a rechazar un trabajo por estar embarazada"
La profesora sin embargo mantiene que tras varios meses en el paro y aunque el pueblo de la plaza quedaba a tres horas de coche de donde vive, Ciudad Real, aceptó el puesto, pero la distancia y el desconocimiento de su nuevo destino explican el retraso de "media hora" del primer día. Explica que cuando firmó la declaración jurada era "evidente" su avanzado estado de gestación y que no iba a rechazar un trabajo por estar embarazada, así como que cuando acudió dos días después al ginecóloco se trataba de una cita concedida hacía meses. Asegura que entonces no padecía "de ninguna manera" los dolores que empezaría a sufrir dos días después cuando su médico de cabecera le dio la baja.

El juicio se celebrará el próximo 10 de abril y será entonces cuando se dirima si tiene razón la trabajadora despedida o el Ejecutivo regional de Cospedal.