Se trata de personas que compraron viviendas o locales supuestamente legales, pero que con posterioridad descubrieron que habían sido construidas a partir de operaciones urbanísticas de los Ayuntamientos que los jueces han declarado ilegales. Y, en consecuencia, han comenzado a decretar que esos edificios sean derribados o recalificados.

El caso de ‘Camino de San Sebastián, 7’
Estos primeros afectados viven en dos edificios de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, ‘corazón’ de la trama Gürtel. Un caso emblemático de lo sucedido en muchos de los pueblos gobernados por el Partido Popular, especialmente en la zona norte de Madrid. En este sentido, de alguna forma lo que están viviendo los vecinos de los bloques de Camino de San Sebastián, 7, puede ser visto como ejemplar.

En 1986 el gobierno central, entonces en manos del PSOE, decidió ceder unos terrenos que se hallaban junto a un colegio público, el Príncipe Felipe. Aquel terreno se entregó al colegio para que contara con una zona recreativa y deportiva. Sin embargo, cuando lo recibió, el Ayuntamiento, presidido entonces por la alcaldesa popular Nieves Fernández, decidió dar al terreno otro uso. No les importó que así se incumpliera lo que marcaba el plan general de urbanismo de la localidad.



Una parte para el Ayuntamiento, otra para construir viviendas
En concreto, lo que hizo el consistorio fue dividir el terreno en dos partes. En una construyó la sede del propio Ayuntamiento. La otra la “vendió” a una constructora, Neinver Aerorentiver, cuyos administradores únicos eran los miembros de la familia Rato. En este terreno fue donde se construyeron los dos bloques de viviendas y locales.

Neinver vendió las casas y las oficinas comerciales a lo largo de los años 1999 y 2000. Pero entonces sucedió un hecho que “destapó” lo sucedido y permitió por primera vez vislumbrar  lo que después sería conocido como caso Gürtel. En las elecciones locales que se habían celebrado en junio de ese año, el PP de Boadilla no logró mayoría absoluta y necesitó formar un gobierno de coalición. Uno de los concejales independientes, teniente de alcalde, Ángel Galindo Torres, descubrió la serie de irregularidades que se estaban cometiendo y ordenó detener obras y denunció otras ya realizadas. Entre ellas, una que ya estaba acabada y entregándose a los vecinos: la de Camino de San Sebastián, 7.

Una supuesta carta del arquitecto a la alcaldesa
Se iniciaron entonces varios procesos legales promovidos por otras fuerzas políticas de Boadilla en las que se denunció el uso indebido del terreno, e ilegalidades en los cambios de los planes de urbanismo. Entre la documentación que surgió a partir de esas demandas, según han declarado algunos vecinos a ELPLURAL.COM, habría pruebas que apuntarían presuntamente a una posible connivencia entre la constructora y el Ayuntamiento.

Lo cierto es que, aunque parezca increíble, durante todos esos procesos, los vecinos se mantuvieron ignorantes de lo que estaba sucediendo con los terrenos donde estaban construidas sus casas. Desconocieron todo, de hecho,  hasta el año 2007, cuando que fueron contactados por primera vez por parte del juzgado. Durante años tanto el Ayuntamiento como el abogado de la comunidad de vecinos les aseguraron que la demanda no prosperaría. Pero en febrero de este año, 2011, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid les abrió los ojos. Supieron así que su casa tenía que ser, en realidad, parte del colegio que veían desde sus ventanas.



Sus casas se derriban, el edificio del Ayuntamiento, no
En la sentencia, el TSJ de Madrid dictamina que, puesto que la recalificación de los terrenos era ilegal, el edificio del Ayuntamiento debía ser  entregado al colegio para ser reacondicionado y pasar a tener uso con fines escolares. Pero aún era más dura con los edificios de viviendas. Puesto que no podían ser acondicionadas para un uso escolar, las casas tenían que ser derribadas.

Desde ese momento los vecinos han intentado, infructuosamente, hacer valer sus derechos. Tanto ante el TSJ, como ante el Ayuntamiento. Gestiones, éstas, que han dado un toque aún más kafkiano a su situación. Porque a los vecinos, según han declarado a ELPLURAL.COM, el alcalde y otros altos funcionarios les han dicho que “estemos tranquilos, que no se va a ejecutar la sentencia”. Es más, ya en el colmo del absurdo, el abogado del Ayuntamiento les ha comunicado que, aunque con el plan de urbanismo anterior sus casas eran ilegales y deberían ser derruidas, conforme al nuevo plan urbanístico, aquella zona ya es legalmente edificable y por tanto, sobre “su” solar, en caso de que tiren los dos edificios actuales, podrían volver de inmediato a construirse otras viviendas.

A la espera de la piqueta
Hace sólo unos días, los vecinos han pedido que se les confirme que la sentencia es ya firme e irrecurrible. Ahora están tan sólo a la espera de que llegue la piqueta, o que, como se les ha dicho desde el Ayuntamiento, nunca se cumpla la sentencia judicial. Pero en cualquier caso, y eso lo tienen claro, su casa pasa a valer 0 euros, ya que más allá de vivir en ella, no podrían jamás venderlas, ya que estarían cometiendo una ilegalidad. Justo aquello de lo que ahora no se responsabiliza a la constructora ni al Ayuntamiento que hizo posible que se les vendieran a ellos.