Los registros han comenzado a las ocho de la mañana en ambas consejerías, donde los agentes se han interesado por expedientes de 2003 a 2007 relativos a la citada operación, ha informado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Manuel Campos. Los agentes han requerido documentación en la secretaría general de Presidencia, con sede en el Palacio de San Esteban, así como en los servicios de contratación de la Consejería de Sanidad, en la avenida Ronda de Levante de Murcia.

Trama de corrupción urbanística
Según fuentes cercanas al caso, la operación se centra en una presunta trama de corrupción urbanística por delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos que la Guardia Civil comenzó a investigar en 2007 en el municipio de Librilla y que ahora tiene ramificaciones en la localidad vecina de Aledo. Las mismas fuentes han indicado que parte de las diligencias están declaradas secretas por el juez que instruye el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Murcia, Andrés Carrillo, y están siendo seguidas por el fiscal anticorrupción, Pablo Lozano.

El consejero Manuel Campos ha informado de que un alférez de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acompañado de unos agentes acudió a las 08.30 horas a la Secretaría General de Presidencia, en el Palacio de San Esteban, con un auto judicial. La Guardia Civil continúa con los registros, que han obligado a abandonar sus puestos a los funcionarios autonómicos y del Ayuntamiento de Aledo.

Caso Biblioteca
Aledo es una pequeña población de poco más de mil habitantes situada en las estribaciones de Sierra Espuña y próxima a Librilla. Fuentes municipales han indicado que los registros en Aledo pueden estar relacionados con los trabajos de obra pública que en esta población realizaron imputados en el caso Biblioteca. Esta operación, que investigó una supuesta caso de corrupción urbanística Librilla, condujo en 2008 a la detención del que fuera el alcalde de esta localidad, José Martínez García, del Partido Popular, que fue dado de baja cautelar en el partido como afiliado tras su arresto, así como a su teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.