El recorrido judicial del presidente de Melilla y candidato popular a la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, aún no ha llegado a su fin a poco más de un mes de las elecciones autonómicas y municipales. Pese a que el juez archivase la causa contra él por prevaricación el pasado día 6, el fiscal del Tribunal Supremo ha lanzado un duro auto pidiendo su reapertura por actuaciones que considera “de una gravedad indudable” y que presentan “perfiles inequívocamente delictivos”.


Según recoge la periodista María Peral en El Español, para el Ministerio Fiscal, las presuntas actuaciones de Imbroda muestran un absoluto “desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer de dinero público”, y considera los argumentos del juez para archivar la causa de “increíbles”.


Imbroda estaba siendo investigado por irregularidades detectadas tras la contratación en 2001 de un abogado externo, pese a contar la Administración de la ciudad autónoma con un gabinete jurídico propio.


El juez instructor de la causa decidió el archivo del conocido como “Caso Abogados” tras las explicaciones dadas por el dirigente popular el día 11 de marzo entendiendo que la contratación investigada no era decisión de Imbroda sino de uno de sus consejeros.


En contra de este planteamiento, el fiscal considera que “lo importante es quién le contrató (al abogado) omitiendo todos los trámites administrativos precisos”, apuntando directamente a Juan José Imbroda. En el auto también se recoge que el proceso creado para este tipo de contrataciones “se diseñó de manera deliberada para que permitiera actuar al equipo de gobierno con una falta de sujeción al derecho administrativo, a los requisitos legales exigidos para cada acto y para cada contrato, y la implementación de ese diseño es responsabilidad directa del aforado”.


Para más inri, la investigación se archivó sin dar posibilidad a la acusación popular, ejercida por la Asociación Libre de Abogados y Manos Limpias, de intervenir en la declaración del imputado, proponer medidas cautelares o presentar alegaciones al archivo de la causa. En el auto del fiscal también se recoge este hecho con el que está en total desacuerdo.


Este cierre apresurado de la investigación había sido demandado por el presidente de Melilla, proceso judicial que no fue impedimento para que el Partido Popular lo volviera a nombrar candidato a la ciudad autónoma.