La Fiscalía pide volver a enjuiciar al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en el caso Pasarelas, que le obligó a dimitir en abril de 2017, por presuntos delitos de fraude, falsedad y prevaricación durante su anterior etapa como alcalde de Puerto Lumbreras.

El Ministerio Público pide anular la sentencia absolutoria y que se vuelva a celebrar una vista oral con nuevos magistrados, porque considera que el anterior tribunal, en de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, no actuó con “imparcialidad”

La Fiscalía entiende “que los firmantes de la sentencia han perdido la imparcialidad objetiva, por concurrir prejuicio en los mismos que les impide juzgar de nuevo el asunto”, según el recurso, al que ha tenido acceso El Plural.

 

No se vulneraron derechos del acusado

El Ministerio Público rechaza, por otra parte, el argumento de una “supuesta vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías que alegó la defensa”, y reprocha que “la sentencia no explica qué concretas garantías se han vulnerado en el procedimiento”.

“La prosecución contra un investigado cuyo delito no ha prescrito, no sólo no supone vulneración alguna de derecho, sino que es una obligación del Ministerio Fiscal y del Juez de Instrucción en cumplimiento del principio de legalidad”, añade el recurso, que incluso pide que la absolución llegue al Tribunal Constitucional.

Hubo quebrantamiento de las garantías procesales

Según la Fiscalía, el tribunal cometió “infracción y quebrantamiento de las formas y garantías procesales, al dictarse la sentencia sin contener una referencia a hechos probados”. Asimismo, rechaza el planteamiento de la sentencia absolutoria de que se haya “lesionado el derecho constitucional” en este caso en lo que respecta a los plazos de duración máxima de la instrucción.

En su escrito de 49 páginas, la Fiscalía dice, en cuanto a los plazos, que la sentencia absolutoria omite que “cuando transcurre el plazo de seis meses, la causa no se había dirigido contra Sánchez. Ni siquiera estaba personado. De modo que cabría plantearse si el transcurso del plazo debiera afectarle".

El Ministerio Público pide que se revoque la absolución por "infracción y quebrantamiento de las formas y garantías procesales" y subraya que en la sentencia se hace una interpretación “que desemboca en la impunidad de hechos delictivos graves no prescritos por atender a una interpretación de una ley cuya constitucionalidad no cuestionan, pese a que su deber constitucional de equilibrar y proteger los derechos fundamentales en conflicto y a la posibilidad que tienen de hacerlo como integrantes del Poder Judicial".