La Guardia Civil detuvo el pasado martes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a una decena de subsaharianos a los que acusaron de ser los responsables del salto violento acaecido el pasado 26 de julio. La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha sido clara al respecto: “El que entre violentamente y agrediendo va a recibir el mismo pago”.
Mateos, que ostenta el cargo desde mediados de julio y que fue uno de los nuevos nombramientos de Pedro Sánchez, ha precisado que “se va a continuar igual”: “No estamos dispuestos a que pase alguna desgracia en la frontera ni con las fuerzas marroquíes ni con las nuestras, la Guardia Civil, precisamente por estar trabajando y cumpliendo con su obligación. No lo vamos a consentir”.
Las detenciones se han producido pocos días después de que el Gobierno desempolvara un acuerdo de hace 26 años con Marruecos para devolver 116 inmigrantes. Los últimos acontecimientos, así como las declaraciones de Salvadora Mateos, han alimentado el debate: ¿Cuál será la política migratoria del Gobierno de Sánchez, el Aquarius o la mano dura?
El pasado viernes, durante la rueda de prensa ofrecida por Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta argumentó que las decisiones del Ejecutivo se basan en dos variables: el respeto a los derechos humanos y la seguridad de las fronteras. Eso sí, siempre siendo rigurosos y respetando la legislación internacional y el marco legislativo español.
Por su parte, desde el ministerio de Interior establecen diferencias entre rescatar a personas que están en el mar, como en el Aquarius, sin víveres, sin combustible y a la deriva; y cumplir "nuestra obligación como Estado de defender nuestra frontera y a los agentes que la custodian".
