“Lo que nos tienen que explicar es donde ha ido a parar el dinero de las tasas judiciales. Porque no se sabe”. Ignacio González Vega, portavoz de la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia ha manifestado a ELPLURAL.COM que la sentencia recién comunicada del Tribunal Constitucional que elimina por completo las tasas judiciales impuestas en 2012 a instancias del entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, debería incluir la orden de devolver el dinero. También plantea la responsabilidad política.
“Desde el principio venimos denunciando las tasas judiciales y parece que el Tribunal Constitucional ha esperado a que quedaran parcialmente carente de objeto en relación con los particulares, para sentenciar su eliminación. Pero se echa en falta que se hubiera pronunciado sobre la devolución del dinero”, explicó. Es decir, según Ignacio González Vega “el Tribunal Constitucional debería haber acordado la devolución de las tasas desde que se implantaron”. Considera que “Hubiera sido de justicia”.
Responsabilidad del ministro Catalá
El portavoz de JpD se pregunta: "¿Qué ha pasado con ese dinero percibido por las tasas? Si se ha ingresado en el Tesoro y se ha dedicado a otros fines, los ciudadanos lo desconocemos. ¿Han ido a la caja única para parar en cualquier lado? Si no se devuelve a los ciudadanos que se explique al menos a donde ha ido a parar ese dinero".
“Algun tipo de responsabilidad politica debería acarrear esta sentencia del Tribunal Constitución, el ministro de quien partío seta medida, Alberto Ruiz Gallardón ya no está, pero tenemos en ese sentido a quien continuó este tema y fue auto de la reforma al ministro de Justicia ahora en funciones Rafael Catalá. Sin duda, algún tipo de responsabilidad hay que pedirle”, concluyó.
Reproche del TC al Gobierno
Lo que ha sentenciado el Constitucional es la eliminación total de las tasas que propuso Gallardón y aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 por las que cualquier ciudadano o empresa debía abonar unas elevadas cantidades para poder ejercitar su derecho a la tutela judicial según marca la Constitución en su artículo 24.
Se estima parcialmente el recurso contra las tasas judiciales que presentó el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre declarando inconstitucional y nulas las tasas fijadas tanto para la Administración de Justicia como para el Instituto y Toxicología y Ciencias Forenses.
Esta norma fue muy criticada por juristas y jueces ante la imposibilidad que traía para muchas personas de poder acceder a los servicios de la Justicia. Ahora el Tribunal Constitucional en una sentencia cuya autoría es del magistrado Santiago Martínez Vares se señala que no se realizó estudio económico alguno. Y reprocha al Gobierno por el sacrificio que supone de un derecho fundamental “como es el del acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes”.
El efecto disuasorio
Considera por tanto el alto Tribunal que las tasas, por su elevada cuantía, son contrarias al derecho a una tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Aun así no vulneran la Constitución en cuanto el legislador puede regular los requisitos del derecho al acceso gratuito a la justicia siempre que se garantice que puedan llevarlo a cabo quienes acrediten no tener suficientes medios. Si bien el problema es el efecto disuasorio que conlleva.
Las cuotas que se fijaban, y por las que pregunta ahora Ignacio Gonzalez Vega, tenían cuantías que iban desde los 200 euros para interponer el recurso contencioso- administrativo abreviado, hasta los 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo. Ahora bien, para el autor de la sentencia según señala: “La devolución de lo pagado no resulta necesaria para reparar el derecho fundamental concernido”.
El sucesor de Ruiz Gallardón, Rafael Catalá, suprimió en 2015 las tasas para las personas físicas restando todavía las tasas sobre las personas jurídicas. Ahora el Constitucional ha eliminado por completo el tasazo.
