El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investiga a otros 13 policías nacionales por las cargas policiales en la escuela Ramon Llull el 1-O, según ha informado este miércoles el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, en un encuentro con los medios de comunicación.

Según ha publicado Voz Pópuli, el juez también cita a Roger Español, el hombre que perdió un ojo por una pelota de goma durante la actuación policial en ese centro educativo, como afectado e investigado porque presuntamente lanzó una valla metálica a un agente y acometió contra policías. 

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Asens ha explicado que con estas imputaciones ya son 22 los agentes investigados por la "violencia policial del 1 de octubre" y espera que la investigación aclare los hechos y Español pierda la condición de investigado. 

El teniente de alcalde ha pedido al Gobierno presidido por Pedro Sánchez que "colabore con la administración de justicia y que dé las órdenes oportunas para que se faciliten los datos identificativos" de otros agentes que aparecen en imágenes de cargas, ya que ha insistido en que los investigados tendrían que ser más de 100. 

En este sentido, ha criticado que "la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo la misma que la del PP en esta materia" y también ha solicitado la cooperación de la Fiscalía.

Ha indicado que la conducta del ministerio público en este caso "contrasta con la dureza y contundencia con la que actúa" en otras causas. 

“Violencia masiva y planificada”

El teniente de alcalde ha declarado que las nuevas imputaciones de agentes demuestran que el 1-O no hubo una "violencia aislada individual de un grupo de agentes, sino que tiene que ver con una violencia masiva, seguramente planificada".

Ha añadido que la escuela fue construida en los años 30, tiene un valor arquitectónico y cultural importante, y que también está personada en la causa reclamando una "cuantiosa" indemnización de más de 44.000 euros por daños ese día.

Ha resaltado que si la causa avanza es gracias a las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento y entidades de derechos humanos.