Desde la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid han declarado a ELPLURAL.COM que "todos los contratos" realizados por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) "se ajustan a la legalidad", después de que la Cámara de Cuentas cuestionara su "forma de actuar" en la adjudicación de dos contratos de asesoría a PWC Asesores de Negocios previos a la venta de 2.935 viviendas sociales a los fondos de inversión Goldman Sachs y  Azora durante el Gobierno de Ignacio González.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, recogido por El País, los dos contratos con PWC realizados en abril y septiembre de 2013  se realizaron con un presupuesto base de licitación de 60.000 euros, "justo en el límite que permite acudir al procedimiento negociado sin publicidad", además de que los documentos de justificación del importe del presupuesto de licitación de ambos contratos "carecen de consistencia". Las sospechas de la Cámara vienen justificadas porque, "pese a incluir diferente número de promociones y de viviendas y distinta dedicación del personal", "estipulan el mismo número de horas y el mismo coste medio por hora".

En la Consejería de Vivienda de la Comunidad consideran estas acusaciones de la Cámara de Cuentas como "absolutamente subjetivas" y explican que se encuentran ahora mismo en un "periodo de alegaciones que estamos preparando".

Una venta nada clara
Tras la recomendación de la Policía Nacional, a principios de año, de que la Fiscalía Anticorrupción investigase la venta de 2.935 pisos del Ivima por "la posible interrelación" entre las empresas compradoras y el Gobierno de Ignacio González, el juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha detectado "posibles objetivos de enriquecimiento" en la venta. Desde la Consejería recuerdan que "toda la información que le ha pedido el juzgado al Ivima ha sido entregada" y están "esperando y ansiosos de que se resuelva todo con la mayor celeridad posible".

En los tribunales
El Gobierno del PP presidido por Ignacio González vendió en 2013 los 2.935 pisos del IVIMA a los fondos de inversión Goldman Sachs y Azora por 201 millones de euros. Una operación muy polémica que fue denunciada por el Partido Socialista en los tribunales. El PSOE presentó una querella por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada que fue admitida a trámite en marzo de 2014 por el juzgado. La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA se personó como acusación particular y el pasado mes de diciembre el juez imputó a la entonces gerente del Ivima, Ana Gomendio, que se encontraba en el cargo durante el segundo contrato de asesoría con PWC.