El vicesecretario de Comunicación del PP firmó en diciembre de 2005, como conseller de Presidencia de Francisco Camps, el convenio, adjudicado a dedo, por el que la Generalitat valenciana se comprometía a pagar a Iñaki Urdangarin cinco millones de euros públicos si conseguía que Valencia albergase los Juegos Olímpicos Europeos, según desvela El Mundo.

Una entidad creada 11 días antes
González Pons rubricó el acuerdo con el Instituto Nóos que presidía el duque de Palma en representación de una entidad pública constituida solo 11 días antes, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valencia, que tenía como fin coordinar las acciones de promoción de la imagen de la Comunidad Valenciana en España y el mundo.
Urdangarin justificó ante la Generalitat tanto estos 382.000 euros que cobró, pese a que no hubo evento, como los otros tres millones percibidos por los dos congresos Valencia Summit, con un sinfín de justificantes de los congresos sobre Turismo y Deporte (Illes Forum) de servicios prestados al Govern balear.

Los mismos recibos que usó en Baleares
El duque de Palma empleó los mismos recibos para intentar acreditar trabajos que no guardan relación alguna entre sí. Los pagos de compra de material de oficina que Urdangarin y su socio Diego Torres aportaron al instructor del caso, juez José Castro, para documentar los 2,3 millones de euros públicos que percibieron por organizar unas charlas sobre Turismo y Deporte en Baleares son exactamente los mismos que ahora aparecen en Valencia para justificar las charlas del Valencia Summit y los trabajos supuestamente realizados para conseguir los Juegos Europeos. También figuran en ambos expedientes recibos calcados de pagos a empleados y otra serie de gastos menores.

González Pons apunta a Camps y a Víctor Campos
A preguntas de El Mundo, publicadas hoy, González Pons ha respondido lanzando la pelota a otro tejado al afirmar que su misión se limitó a cumplir una resolución del Consejo de Gobierno presidido por Camps, que el convenio “se formalizó a propuesta de Paco Camps y el pago (de los 382.000 euros) lo firmó y lo ejecutó Víctor Campos con cargo a la Consejería de Presidencia”. Él fue, según precisó, “un tercero que actuó de buena fe”.