La Fiscalía Anticorrupción afirma que los tres meses en los que Manuel Moix dirigió este departamento se vivió el que probablemente haya sido "el período más agitado y de mayor exposición mediática en sus más de veinte años de historia".

En una reflexión que recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2017 que hoy se ha dado a conocer con motivo de la apertura del año judicial que ha presidido el Rey en el Tribunal Supremo.

Moix cesó el 2 de junio de 2017 tras una convulsa etapa que no llegó a los tres meses, protagonizada por las polémicas relacionadas con Lezo, el caso del 3% y el clan de Pujol, si bien fue la aparición de una cuenta de una sociedad en Panamá la que forzó su dimisión del cargo, del que fue sustituido por Alejandro Luzón.

Más diligencias de investigación

En cuanto a las actividad de Anticorrupción en 2017, la Fiscalía advierte en líneas generales de un aumento, especialmente en el número de procedimientos judiciales así como en diligencias de investigación, mientras que los escritos de acusación se redujeron y las sentencias dictadas se incrementaron levemente.

Al igual que en el ejercicio de 2016, la Fiscalía lamenta la "escasez" de su plantilla para hacer frente al "auge paulatino de macroprocesos", que "ha ido estrangulando" su capacidad operativa y que ha obligado a recurrir a ocho comisiones de servicio, un "remedio excepcional y temporal" que no ha sido reparado en 2017 pese a que ya fue denunciado en la memoria anterior, de ahí la "urgencia" de un incremento de 10 fiscales para hacer frente a esta "saturación" y "al riesgo de caer en la ineficacia".

Nada ha cambiado tampoco en un año en cuanto a la situación tecnológica cuando la Fiscalía lamenta "la significativa penuria" de los recursos puestos a su disposición, que no la han permitido disponer de una aplicación de entrada y registro de escritos ni de diligencias de investigación ni procedimientos judiciales.

Falta de medios

En concreto, denuncia la "precariedad de medios" para manejar la "ingente" documentación de macrocausas como Púnica o Lezo que se gestionan con un servidor de ficheros con una "escasa cuota de almacenamiento" que resulta "claramente insuficiente para volcar toda la información".

Anticorrupción recibió 809 denuncias (157 más que el año anterior), la mayoría de ellas archivadas por no apreciarse delito. Se incoaron 39 diligencias de investigación, a las que hay que añadir las 42 que se encontraban en trámite, y se concluyeron 46, de las cuales el fiscal formuló querella o denuncia en 23 de ellas. Hubo, además, un incremento en su participación en procedimientos judiciales al hacerlo en 609 frente a los 524 de 2016, cuando también aumentaron no por un incremento real de la delincuencia sino por la desmembración de causas en piezas separadas, de modo que los procesos penales nuevos fueron 49.

Los fiscales formularon 46 escritos de acusación (13 menos que el ejercicio anterior), en los que acusaron en 23 ocasiones de prevaricación administrativa, en 13 de malversación de caudales públicos, en 8 de fraude contra la Administración, otros 8 por blanqueo, en 7 por defraudaciones y en 5 por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Y se dictaron 34 sentencias vinculadas con causas de corrupción, de las que tan solo una fue absolutoria