Una disposición reciente de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia ha resuelto la creación de 31 unidades en los colegios concertados para el próximo periodo educativo, 16 más que el año pasado. En concreto se han ampliado siete unidades en Educación Infantil, cuatro en Primaria, junto a nueve en Educación Especial y tres en Formación Superior, además de ocho en la Superior.
En contraposición el gobierno gallego ha suprimido 54 unidades en la enseñanza pública de Infantil y Primaria, lo que supondrá la pérdida de 58 docentes. Las provincias más afectadas por estos cierres son las de A Coruña y Pontevedra.
Precariedad del profesorado gallego
Al cierre de unidades educativas y al descenso de profesores hay que sumar la alta tasa de provisionalidad del cuerpo docente. Según un estudio del sindicato CIG enseñanza, el departamento de educación tiene en estos momentos un total de 6.875 profesores de todos los cuerpos con destino transitorio, lo que supone un 21% del total del profesorado gallego. Esto es, existen un total de 2.402 de maestros y 4.473 profesores de secundaria con destino provisional. Por otra parte, el personal interino llega al 39% del total con destino provisional, lo que supone un total de 935 docentes. En secundaria se eleva al 51% con 2.262 profesores. De esta manera el número total es de 3.197 enseñantes, lo que sitúa la tasa de interinidad en Galicia por encima del 10%.
A esto hay que añadir, que mientras la actual ministra de educación Isabel Celaá, ya ha anunciado la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 que fijaba, entre otras cuestiones, el horario del profesorado de 20 períodos lectivos para los docentes de secundaria y de 25 para el de maestros. Concretamente el Ministerio anulará los artículos que hacen referencia al aumento de la ratio y el horario del profesorado de secundaria. En contraposición el gobierno presidido por Núñez Feijóo continúa bloqueando la anulación del incremento del horario lectivo de este colectivo, que la Xunta de Galicia aplicó en el año 2009.
Llegados a este punto parece que en la agenda de Feijóo, una vez más, prevalece la educación privada sobre la pública. Sobre todo, teniendo en cuenta que cada curso se aportan grandes cantidades de dinero público en centros, que, en algún caso, segregan al alumnado por sexo.