El duque de Palma, Iñaki Urdangarin. EFE



El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha presentado un escrito de alegaciones en el que se opone a la fianza de 8,1 millones de euros que le exige la Fiscalía, con el agumento de que los contratos de Instituto Nóos, la fundación sin ánimo de lucro que presidió, eran correctos y, por lo tanto, su cliente no ha cometido delito alguno.

La contratación fue correcta
En declaraciones a los periodistas, Pascual Vives ha resumido así el contenido de las alegaciones que ha presentado contra la petición de la Fiscalía y las acusaciones de que el juez imponga una fianza al duque de Palma para cubrir posibles responsabilidades económicas derivadas de la causa abierta por el desvío de fondos del Instituto Nóos.

Según el abogado de Urdangarin, el escrito de alegaciones defiende que la contratación efectuada por el Instituto Nóos, que dirigían Urdangarin y su exsocio Diego Torres, fue totalmente correcta, y que, además, su cliente no ocupaba más que una mera "función representativa" en la asociación con la que presuntamente se desviaron fondos públicos. El letrado ha añadido que actualmente son "inexistentes" las relaciones entre Urdangarin y su exsocio Diego Torres, quien a su vez ha presentado otro escrito de alegaciones para oponerse a la fianza de 8,1 millones que también se le exige.

Pascual Vives se ha mostrado confiado en que su escrito de alegaciones sirva para que el juez que instruye el caso, José Castro, rechace la fianza planteada por las acusaciones del caso Nóos. "Llevo 33 años ejerciendo esta profesión, así que confío en la justicia", ha afirmado Pascual Vives a los periodistas que hacían guardia a las puertas de su despacho en Barcelona.

No hay comprador para el palacete de Barcelona
El abogado de Urdangarin ha agregado también que no le consta que, por el momento, haya algún comprador interesado en adquirir el palacete que los duques de Palma poseen en Barcelona, que el matrimonio ha puesto a la venta.

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma debe decidir en los próximos días acerca de las peticiones de fianza que realizaron en primer lugar la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del sindicato Manos Limpias, el pasado 21 de noviembre, y posteriormente, el 29 de noviembre, la comunidad autónoma balear. La Fiscalía y Manos Limpias coincidieron en reclamar la misma cantidad, 8.189.448 euros de fianza, en esta causa que investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de las administraciones autonómicas balear y valenciana entre 2004 y 2007, a través del Instituto Nóos.