El juez Pablo Ruz, en una diligencia en cuyo tono podría leerse un cierto enfado, ha anunciado a las partes personadas en el sumario del caso Bárcenas, o caso de financiación ilegal del PP, que rechaza un documento que Izquierda Unida, junto a otras acusaciones, le había presentado a finales de diciembre. El documento, redactado por un catedrático de Derecho Penal, tenía calado..., pero el juez, apoyado por el fiscal Antonio Romeral, ha decidido no admitirlo para que figure en la causa, y ni siquiera va a escuchar al catedrático, como le pedían Izquierda Unida y otros demandantes.

Informe de la Agencia Tributaria muy favorable a los intereses del PP
La historia hay que ponerla en contexto. El pasado mes de octubre, la Agencia Tributaria entregó un escrito a Pablo Ruz que no tenía desperdicio. En él, 42 páginas redactadas por dos inspectores del ministerio de Cristóbal Montoro, se venían a llegar a dos conclusiones.



Por un lado, que en caso de existir sobresueldos en negro para los líderes del PP, los abonados antes de 2007 habrían prescrito desde el punto de vista penal, y que los que pudieran haber cobrado desde entonces no superan en ningún caso los 120.00 euros, por lo que, dado que esa cifra es la frontera que convierte el fraude fiscal en delito, no se debería perseguir a ninguno de ellos.

Por otro, decían los inspectores, aunque el dinero entregado en Génova por algunas empresas, según Bárcenas, habría más que superado los 100.000 euros permitidos por la Ley de Financiación de Partidos (es decir, se trataría de dinero ingresado ilegalmente) y además son empresas que no pueden donar por tener contratos con la Administración, el PP no habría cometido ilegalidad fiscal no declarándolos. Una conclusión a la que llegaban con el 'colorido' argumento de que la normativa sólo dice que se consideran exentas de tributación las donaciones privadas efectuadas por personas físicas o jurídicas, y que no entra en si esas donaciones son legales o ilegales.

Las acusaciones se movilizan contra el informe de la Agencia Tributaria
Como resulta fácil imaginar, semejantes conclusiones de los inspectores de Cristóbal Montoro causaron un estupor no pequeño entre las acusaciones. De hecho se pidieron de inmediato dos informes que valoraran el asunto de manera independiente. Uno de ellos, el PSOE se lo solicitó al catedrático Pérez Royo. El otro, Izquierda Unida, al catedrático Nicolás García Rivas.

En este dictamen, que Izquierda Unida presentó a Ruz a finales de diciembre, el catedrático de Derecho penal y Director del Departamento de Derecho público y de la empresa de la Universidad de Castilla La Mancha, venía a desmontar lo que aseguraban los inspectores de Hacienda. Y venía a argumentar, por un lado, que la supuesta existencia de una caja B y la utilización ilegal de dinero superaba a Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que como gerente y tesorero respectivamente del PP, no actuaban como electrones libres, sino dentro de una organización que hacía posible y colaboraba en esos hechos.

Por otro, que la prescripción de los presuntos delitos cometidos, al tener un carácter, en la opinión del catedrático, continuado, no prescribirían antes de 10 años y su prescripción quedaría congelada a raíz de la presentación de la querella, que presentó Izquierda Unida en febrero de 2013. Es decir, sólo habrían prescrito los cometidos antes de febrero de 2003.

Ruz advierte que sólo él decide quién puede ser llamado a declarar
Izquierda Unida, cuando presentó este informe, solicitaba además de su inclusión en el sumario, que el juez le llamara para ratificar su dictamen.

En su contestación a esta solicitud de IU, diligencia a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el juez Pablo Ruz, como hemos explicado en un tono muy concluyente, tras anunciar que el Ministerio Fiscal (es decir, el fiscal Antonio Romeral) se opone a la "práctica de la diligencia propuesta", rechaza tanto la admisión del informe en el Sumario como la comparecencia del catedrático García Rivas.

Viene Ruz a reclamar para sí el derecho, como "función indelegable", a determinar quién debe ser citado a declarar. Y argumenta que desestima la comparecencia por cuanto la ley criminal dispone que "el juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos", mientras que en este caso lo que se trata es de "derecho penal, no a otra disciplina o ciencia ajena al mismo", por lo que la proposición de pruebas periciales no resulta admisible para terceros porque para eso ya está el juez.

En resumen, en este asunto Ruz, de acuerdo con el fiscal Romeral, da validez en el sumario al informe de la Agencia Tributaria, pero no al que han presentado las acusaciones y que diferían por completo del de los peritos de Hacienda. Una buena noticia para el PP.