Los abogados de la querella argentina por los crímenes del franquismo que se instruye en Buenos Aires, han solicitado este viernes al juzgado que libre una serie de comisiones rogatorias a las autoridades españolas a fin de que un juez de la Audiencia Nacional española cite a los imputados en el auto de 30 de octubre de 2014 para prestar declaración que se recibiría por video conferencia en Argentina. Entre ellos figuran antiguos ministros y funcionarios policiales de la época franquista. Además, se reclama una serie de nuevas imputaciones, entre ellas otra adicional para Rodolfo Martín Villa en relación a una serie de “homicidios agravados” acaecidos entre 1976 y 1977.

En cuanto al resto de imputados sobre los que se plantean estas comisiones se trata de Antonio Carro Martínez; José María Sánchez- Ventura Pascual; Alfonso Osorio Garcia; Jesus Quintana Saracibar; Carlos Rey Gonzalez, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rodolfo Martín Villa; Jesús CejasMohedano y Antonio Troncoso de Castro.

Presuntos delitos de homicidio
Se les acusa de presuntos delitos de homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas. A estos delitos le correspondería, a cada uno de ellos, la pena de prisión perpetua. Según el mismo comunicado, a Antonio Troncoso de Castro se le imputa, además, la comisión de un delito de homicidio en grado de tentativaque tiene prevista una pena de 15 a 20 años de prisión.

Acuasción de torturas
La acusación es de delito de torturas para Jesús González Reglero; Ricardo Algar Barrón; Félix Criado Sanz; Pascual Honrado de la Fuente; Jesús Martínez Torres; Benjamín Solsona Cortés. Afirma CEAQUA que a estos delitos les corresponde una pena de 8 a 25 años de prisión.

“Sustracción de menor”
Por último sobre Abelardo García Balaguer, pesa un presunto delito de sustracción de un menor de diez años. Por esta razón le podría corresponder una pena de 5 a 25 años de prisión. Afirma CEAQUA que “todos los delitos son calificados como crímenes contra la humanidad por lo que la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de Jurisdicción Universal”.

Más cargos contra Martín Villa
Los querellantes han pedido además que el Juzgado argentino efectúe nuevas imputaciones, entre otros, contra Rodolfo Martín Villa durante el período en el que fue Ministro de la Gobernación, tomando como base las nuevas denuncias que fueron presentadas en el Consulado argentino el pasado 27 de febrero. En dicho escrito pedimos que se cursen las correspondientes órdenes de detención con fines de extradición.

Las acusaciones
Informa CEAQUA, la Coordinadora que sustenta la querella, que la declaración de Martín Villa se refiere a las muertes de “Rafael Gómez Jaúregui acaecida en Rentería (Guipúzcoa) el 12 de mayo de 1977; José Luis Cano Pérez, en Pamplona (Navarra) el 14 de mayo de 1977; Francisco Javier Núñez, en Bilbao el 15 de mayo de 1977; José María Zabala Erasun acaecido en Hondarribia-Fuenterrabía (Guipúzcoa) el 8 de septiembre de 1976; María Norma Menchaca Gonzalo acaecido en Santurce (Bilbao) el 9 de julio de 1976 y Arturo Ruiz García, acaecido el 23 de enero de 1977 en Madrid”.

También policías y guardias civiles
Por estos hechos reclaman además indagatorias sobre los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya así como diferentes mandos de la guardia civil y de la policía armada que tuvieron responsabilidad en estos hechos según la denuncia de CEAQUA.

La muerte de Arturo Ruiz
En cuanto a la muerte de Arturo Ruiz, se reclama esta ampliación de investigación hacia las personas de Jorge Cesarsky Goldstein, José Ignacio Fernández Guaza y el que fuera responsable de la Dirección General de Seguridad el 23 de enero de 1977 en Madrid, fecha en que sucedieron los hechos.

Órdenes internacionales de detención
Para todos ellos se solicita “se libren órdenes internacionales de detención a través de INTERPOL para todos los países del mundo, menos España, contra las personas referidas para que sean detenidas adonde sean hallados con mención de que, a partir de ese momento, se cursará pedido de extradición a las autoridades del país en que se encuentren”.

Prisión preventiva en España
Del mismo modo ruegan a la jueza María Servini de Cubría que instruye el procedimiento, “que curse solicitud de prisión preventiva específicamente al Reino de España, por vía postal o telegráfica, o por vía diplomática dirigida directamente a las autoridades españolas, indicándoles que se diligenciará seguidamente solicitud de extradición por vía diplomática”, y que se acompañe con dicha solicitud la orden de detención haciendo mención a los delitos cometidos”.