El Partido Popular se abstendrá este jueves en el Congreso en la votación de la prórroga del estado de alarma para varios meses aprobada en el Consejo de Ministros, un debate en el que defenderá la posición de partido su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, según han informado fuentes de la dirección nacional del PP.
El PP ha asegurado que ha ofrecido "mano tendida hasta el final" pero el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha preferido "sustituir el Parlamento por un consejo autonómico", en alusión al Consejo de Política Territorial. Además, ha criticado que ni siquiera tenga previsto comparecer para solicitar la prórroga.
Por eso, el PP ha anunciado que acudirá a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para "solicitar a las instituciones europeas que garanticen la separación de poderes que no respeta el Gobierno de Sánchez", según han indicado las mismas fuentes.
Con esta decisión marca distancias con Vox, que ha dicho desde el primer momento que votará en contra del estado de alarma.
El PP ha justificado su posición argumentando que para el PP "lo más importante es proteger la salud de los españoles, que no se puede contraponer al Estado de derecho y al empleo". Eso sí, las mismas fuentes han subrayado que Sánchez "vuelve a llegar tarde a la segunda oleada, después de declarar derrotado el virus en julio y haber derivado su responsabilidad a las comunidades".
Según el PP, el estado de alarma es la constatación de "un fracaso" y alargarlo seis meses es la prueba de "su falta de respeto a la Constitución y al marco legal europeo". Por eso, ha defendido un estado de alarma de dos meses con control parlamentario como, según ha dicho, ha puesto encima de la mesa Pablo Casado.
De hecho, el PP ha recordado que el Consejo de Europa y la Comisión Europea vienen pidiendo aplicar la legislación ordinaria y no la de excepción para luchar contra la pandemia, como están haciendo todos los países europeos.
Los 'populares' consideran que no se pueden oponer a un marco de actuación urgente contra la pandemia pero recalcan que no pueden apoyar "la falta de control parlamentario y judicial durante seis meses como propone Sánchez, ni el daño económico y psicológico para los españoles".
