¿Era tan disparatado aquel célebre “no es no” que adujo Pedro Sánchez para renunciar a su escaño como miembro del Grupo Socialista en el Congreso de Diputados, negándose a obedecer el mandato de la dirección provisional del PSOE para facilitar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, simplemente con la abstención de los diputados socialistas, que al fin sí se produjo? No, no lo era. Tampoco lo es ahora la negativa frontal del PP y de Ciudadanos de abstenerse y no votar en contra de la investidura presidencial de Pedro Sánchez. Aunque en aquel momento PP y Ciudadanos insistieron una y mil veces hasta que lograron que el PSOE, tras la vergonzosa defenestración de Sánchez, con su abstención hizo posible la investidura presidencial de Rajoy, ahora son muy libres de hacer lo contrario. De la misma manera que Sánchez también es muy libre de pedir o exigir ahora a los dos principales partidos de la oposición de derechas que hagan con él lo que él mismo se negó rotundamente a hacer con Rajoy, hasta el punto de dejar de ser diputado.

Se dice que la política es el arte de lo posible. Las posibilidades son siempre, por definición, plurales y variadas, incluso muy plurales y muy variadas. El buen político es el que sabe escoger la mejor opción. A la vista de los resultados ya conocidos, es obvio que Pedro Sánchez acertó al llevar su “no es no” hasta sus últimas consecuencias, que fue el punto de arranque de su recuperación del liderazgo del PSOE y, posteriormente, de su oportuna moción de censura contra Rajoy que acabó llevándole a la Presidencia del Gobierno. Sánchez no puede quejarse, por tanto, cuando tanto Pablo Casado como Albert Rivera actúan ahora como lo hizo él en su momento, a pesar de la insistencia de PP y Ciudadanos para que hiciera lo contrario. Aunque Casado y Rivera deberían explicar por qué lo que a ambos les parecía entonces justo y adecuado, consideran que ahora no es bueno para la estabilidad política española, como adujeron en su momento.

Muy similar es lo que se desprende de las críticas que se cruzan entre todo tipo de formaciones políticas respecto a los pactos que se están fraguando entre ellas. El PP de repente ha dejado de defender que en cualquier caso debe gobernar la fuerza más votada. Sin duda alguna, porque si se mantuviera en su posición histórica no podría lograr cotas importantes de poder gracias a la suma de sus votos con los de Ciudadanos y Vox. Por ejemplo, en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Pero ello le inhabilita para quejarse de que otras mayorías democráticas tal vez le impidan gobernar ayuntamientos catalanes como los de Badalona y Castelldefels, por poner solo un par de ejemplos.

Otro tanto sucede con los socialistas. Están perfectamente legitimados para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para hacerse con el control de municipios o comunidades autónomas en las que no fue la candidatura más votada, del mismo modo que no puede quejarse que otros partidos lo hagan en su contra.

Lo mismo le sucede a ERC, que en Tarragona, por ejemplo, ha pactado ya para que su candidato Pau Ricomà suceda al socialista Josep Fèlix Ballesteros en la alcaldía, aunque el segundo le venció en votos, pero considera inadmisible que en Barcelona la hasta ahora alcaldesa Ada Colau pueda mantenerse al frente del ayuntamiento de la capital catalana a pesar de haber recibido 5.000 votos menos. Aunque ERC ha intentado impedir que otros alcaldables socialistas fueran elegidos mediante acuerdos postelectorales con otras candidaturas. Un caso muy elocuente es el de Sabadell, ciudad que volverá a manos del PSC con Marta Farrès, primera alcaldesa de aquella gran ciudad vallesana.

Unos y otros harían muy bien en moderar sus expresiones, para no perjudicar aún más la imagen pública de la política y los políticos. Por su relevancia muy especial -tanta o más que la del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid-, sería aconsejable que el exsocialista y ahora independentista Ernest Maragall moderase la acidez y la dureza de su lenguaje contra el pacto entre BEC, PSC y Manuel Valls que no le permitirá ser alcalde de Barcelona. Este pacto no es “una operación de Estado”. Tampoco incluye a “represores” ni “carceleros”. Es un pacto democrático legal y legítimo. Tan democráticamente legal y legítimo como el que condujo a la presidencia de la Generalitat, primero a Pasqual Maragall y después al también socialista José Montilla, aunque tanto el uno como el otro no fueron los candidatos más votados, ya que en ambos casos les venció el convergente Artur Mas. Por cierto, Ernest Maragall formó parte de aquellos dos gobiernos de la Generalitat -en el primero, como secretario del gobierno, en el segundo como consejero de Educación-, en los que el PSC contó con los apoyos de ERC y de ICV-EuiA.