Francisca Sauquillo, presidenta del Movimiento por la Paz, en Guatemala


Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) tienen desde este viernes un reglamento que establece el régimen de funcionamiento, la estructura y los servicios de asistencia social, sanitaria y de seguridad que se presta a los internos, tras su  aprobación en el Consejo de Ministros. La abogada y presidenta de Movimiento para la Paz, Paquita Sauquillo, lo ha analizado en una entrevista con  ELPLURAL.COM en la que afirma: “Hay que velar por los derechos de personas que no han cometido delitos y están privadas de libertad”.


Este decreto ha sido objeto de informe y dictamen tanto por organizaciones sociales, como por la Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, Foro Nacional para la Integración de los Inmigrantes y  Consejo de Estado. Todos han coincidido en que hay que mejorar la situación actual y en que, es necesaria una mayor garantía de las condiciones de las personas internadas.


P. El Consejo de Estado anunció, que no daría el visto bueno al decreto de mantenerse la limitación prevista a la asistencia sanitaria.
R. Hay que resaltar la responsabilidad que asume el Estado en  la salvaguarda de la salud de la persona, cuando se está privado de libertad.  Actualmente existe en los Centros un servicio sanitario que ante situaciones de enfermedad o accidente valora su traslado a otros Centros sanitarios u hospitalarios para su atención. El texto, prevé este traslado cuando sea necesario según criterio del Servicio Sanitario. Sin embargo, este servicio no es permanente en el centro, por lo tanto, esta fórmula no es suficiente.


P. Por fin, y también por la opinión en contra del Consejo de Estado, el término internamiento no se cambia por el de Estancia Controlada que es lo que se pretendía. ¿Era un eufemismo?
R. Yo creo que la idea era modificar el nombre para trabajar en  sensibilización social, intentando marcar la diferencia con un centro penitenciario, quitando la connotación negativa de “internamiento” por el término más suave de “estancia". Sin embargo, dado que la Ley de Extranjería habla de internamiento, y que realmente es un internamiento, o profundizamos en una dimensión social o el cambio de nombre se convierte efectivamente en un eufemismo

P. También el Consejo de Estado critica que los internos tienen menos derechos que los reclusos penitenciarios y menos garantías también. ¿Es así?
R. Sí. Las garantías son menores, tanto en cuanto a infraestructura (no se garantiza unos mínimos comunes) como en cuanto a asistencia sanitaria, derechos, régimen de salidas…


P. ¿Cuál es la realidad hoy de los CIE?
R. Es una realidad bastante desigual, tanto en cuanto a infraestructuras como en cuanto a funcionamiento. No cumplen por ejemplo con las garantías de un centro penitenciario, realidad verdaderamente grave teniendo en cuenta que son centros que privan de libertad a personas que no han cometido ningún delito, sino simples faltas administrativas. Una persona puede estar ingresada en el CIE por distintas razones: porque se le sustituya el cumplimiento de una condena por la expulsión o, simplemente porque no tiene papeles.


P. Son situaciones muy diferentes.
R. Claro. El primer caso entraría dentro del ámbito penal, el segundo supone la comisión de una mera infracción administrativa personas que, hasta ese momento tenían una vida normal en España (con su mujer, con sus hijos…). Cuando se les ingresa, viven muchas veces situaciones de verdadero miedo. Están privados de libertad, compartiendo celda, sin comunicaciones con sus familiares, sin saber si serán  finalmente expulsados, conviviendo en muchas ocasiones con personas que sí han sido condenadas como autores de delitos.

P. ¿En qué pretende el Gobierno convertir estos centros?
R. Se quiere dar una regulación específica a su funcionamiento. Este aspecto puede ser positivo pero, hay que insistir, estamos hablando de centros que privan de libertad a personas que no han cometido delitos.

P. ¿Entonces?
R. Las condiciones deberían no estar, en ningún caso, por debajo de las que se garantizan en un centro penitenciario y dar, además, una importancia mayor a la intervención social en ellos. Las infraestructuras, régimen de control, régimen de visitas… deberían estar regulados de manera que otorguen mayor seguridad jurídica y que garanticen el ejercido de derechos reconocidos.

P. ¿Qué esperanza de futuro tiene un inmigrante que sea recluido en un CIE?
R. Depende del caso. Hay situaciones que se resolverán de forma favorable para la persona interna y finalmente no se lleve a cabo la ejecución de la expulsión. Puede ser que se valore la improcedencia de la misma, por la situación de arraigo en el país de esta persona, que no sea ejecutable por falta de convenio con su país o porque éste no le reconozca o que pase el tiempo máximo de internamiento y la expulsión no se haya podido llevar a cabo. Hay otros casos también en que la expulsión se llevará a efecto, a veces simplemente porque “hay plazas disponibles en el avión”.

P. ¿Qué tipo de normativa es necesaria en realidad?
R. El principio fundamental que debe guiar la regulación de los centros es la idea de que el ingreso es una medida cautelar  extrema, dirigida a garantizar la eficaz ejecución de determinadas figuras contempladas en la regulación de extranjería (derecho administrativo) y en el Código Penal. Esta idea, y no la visión del internamiento como una medida sancionadora, es la que debe marcar la naturaleza de estos centros.


P.  ¿Y sobre los derechos de los internos?
R. Siendo como es, la más grave de las medidas cautelares que se pueden tomar en derecho administrativo, la regulación debe extremar el cuidado en la salvaguarda de los derechos reconocidos. Debe permitir conjugar esta naturaleza de centro limitativo de libertad ambulatoria con el disfrute efectivo de los derechos no afectados (que son el resto) por la medida cautelar.

P. ¿Qué es lo que no se contempla?
R. Debería mejorar las condiciones de internamiento, abordar de forma más profunda el cambio de modelo de centro abandonando el modelo policial que sigue presidiendo la norma. El aspecto social, jurídico o médico debe tener un mayor protagonismo en la regulación de unos centros que no son penitenciarios

El decreto ha sido objeto de informe y dictamen tanto por organizaciones sociales, como por la Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, Foro Nacional para la Integración de los Inmigrantes y  Consejo de Estado, coincidiendo todos en que hay que mejorar la situación actual y en que, es necesario una mayor garantía de las personas internadas.