La Intervención General del Estado ha analizado para informar al juez que estudia la contabilidad B del PP en la Audiencia Nacional, nueve contratos públicos que se adjudicaron durante la época del gobierno de José María Aznar por un total de 200 millones de euros.

Un empresario adjudicatario y donante ha confesado que ofertaba a la baja y después, por varias supuestas incidencias, iba obteniendo sucesivas modificaciones. En otro best seller popular, el caso Púnica, Ignacio González, que presidió la Comunidad de Madrid, ha sido procesado por supuesto amaño en los contratos del campo de golf del Canal de Isabel I, cuando Esperanza Aguirre era la presidenta. Y de hacer caso al comisario Villarejo, ahí queda la sugerencia ante la comisión Kitchen del Congreso de los Diputados sobre el espionaje a Bárcenas, de que algo de eso podía saber el presidente Mariano Rajoy.

En Valencia, la responsabilidad es compartida: el socialista Rafael Rubio, hasta hace nada subdelegado del Gobierno, que fue diputado provincial y portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Valencia, y Alfonso Grau, ex vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia por el PP, comparten prisión desde hace 12 días por el caso Azud. Un proceso que se centra en los años 2004 al 2011 y en el que se les acusa de cobrar comisiones a cambio de adjudicar infraestructuras públicas.

Más de medio centenar de investigados suma ya el caso Azud tras registrar 46 empresas, despachos y domicilios en Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid. También fue detenido al principio (y luego en libertad con medidas) el abogado José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa valenciana Ritá Barberá, por si su despacho pudiera haber mediado. Un empresario (Jaime Febrer) está encarcelado por supuestos pagos a cambio de beneficiarse en el área del urbanismo.

Ni corto ni perezoso, el ex presidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps, anunció su interés por volver a la política como candidato a la alcaldía de la ciudad del Turia, aún con un proceso pendiente por el caso Gürtel. Pero la dirección nacional del PP, con buen criterio, rechazó la oferta sin paliativos.

Como las desgracias no suelen venir solas, el diputado del PP en Castilla León José Antonio Bermúdez de Castro, y el senador por la misma formación Gonzalo Robles Orozco, declararán como testigos el 1 de junio ante un juez de Salamanca que indaga un aluvión de pago de cuotas de militantes en marzo de 2017, mediante el cual afiliados morosos habrían votado en las primarias que dieron el triunfo a Alfonso Fernández Mañueco, que luego conseguiría la presidencia de la Comunidad. Lo que se busca sería un tema de financiación ilegal. Está claro que solo, o en algún caso en compañía de rivales, como el del socialista Rafael Rubio, el PP sigue cercado por la podredumbre. A Pablo Casado le convendría meter menos meter bulla en corral ajeno y mirar a fondo lo que se cocina en su casa.