El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy  y el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en el Congreso de los Diputados. EFE/Archivo



En marzo pasado, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que el Gobierno devolvería la sanidad a los inmigrantes sin papeles, aunque no en las mismas condiciones de las que gozaban antes, con un historial clínico y médico asignado; una tarjeta especial con validez anual. El anuncio llegó dos meses antes de las elecciones municipales, en las que pudieron votar muchos extranjeros residentes en España. Fue a todas luces una medida electoral, que no ha tenido efecto real en la vida de los inmigrantes, a los que se les ha seguido negando en muchos casos la atención sanitaria, especialmente en regiones como Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia.

Un acuerdo para el que no hay fecha
Según publica este lunes Interviú, que se basa en informes de Médicos del Mundo y Amnistía Internacional, en centros de prestigio como el Hospital Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón o el Clínico, en la capital, y, también, en centros de salud, se sigue cobrando a los inmigrantes sin papeles incluso por atenderles en Urgencias. Claro que la responsabilidad máxima es del Gobierno, tras el anuncio de Alonso no hemos sabido nada más, salvo que se está trabajando en un acuerdo con los gobiernos autonómicos, que podría aprobarse en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, para el que no se ha cerrado todavía una fecha.

Se está negando la atención a niños y embarazadas
El Gobierno de Mariano Rajoy dejó a la intemperie a casi 750.000 personas a golpe de decretazo en 2012, cuando Ana Mato era ministra de Sanidad. Según la reforma que se hizo entonces, todos los inmigrantes sin residencia perdían el derecho al sistema, menos los niños y las embarazadas. El resto podía ser atendido en Urgencias: pero no se ha cumplido al pie de la letra ni una ni otra cosa.

Según Médicos del Mundo y Amnistía Internacional, que han ido registrando desde entonces muchos casos, embarazadas y niños han tenido dificultades para ser atendidos y se ha obligado en algunos de estos casos también firmar un compromiso de pago o se les ha fracturado los servicios (100 euros por una consulta).

Médicos del Mundo ha recogido los casos de más de 2.000 familias que han sufrido la exclusión, y de 60 niños a los que se le ha negado la tramitación de la tarjeta sanitaria o la atención por parte de un médico. En Madrid, la organización ha registrado unos 500 casos, de los que en un 10% de ellos se facturaron servicios hospitalarios urgentes.

El capricho del Gobierno ante lo obvio
En su anuncio en marzo pasado, Alonso justificó la marcha atrás del Gobierno en una “cuestión de salud pública”. Una razón obvia, que el Ejecutivo de Rajoy no quiso ver cuando retiró la cobertura sanitaria a un sector importante de los inmigrantes, que pudieron constituir un riesgo para el resto de la sociedad española por el contagio de enfermedades no curadas. Lo justificó, además, por otra razón igualmente obvia, la saturación de las Urgencias, la única opción sanitaria que les dejó a estas personas en los últimos tres años.

El plan del PP para desmantelar la sanidad pública
Los estragos del Gobierno en materia sanitaria no se limitan, en cualquier caso, a lo que respecta a este segmento de la población. El cobro de tratamientos y medicamentos a enfermos crónicos, la negación de un tratamiento a los enfermos de Hepatitis C o la retirada de determinadas vacunas del calendario oficial, como la de la varicela para los niños (que también dará marcha atrás) se han ido añadiendo a ese plan para desmantelar la Sanidad pública que el PP ha impulsado desde su llegada a la Moncloa o en regiones donde ha gobernado.