Paquita Sahuquillo.Nos hallamos ante una situación especialmente crítica en la que ya se halla seriamente comprometida la paz social, que exige una respuesta  política de envergadura ajena a  intereses partidistas. Cuando  el debate político se aparta de la realidad social, se compromete la estabilidad de los  principios  básicos de nuestro estado  social  y democrático de derecho

La vivienda  habitual no es un lujo ni un bien de inversión para los consumidores y usuarios, es el reducto más íntimo en el que se desarrolla la  persona sola  o con su familia, con sus amigos, etc. Por eso el despojarla de  su vivienda en un procedimiento sumario, como es el hipotecario, sin atención  a sus circunstancias personales, es robar su dignidad, es traicionar a nuestros valores básicos. La persona desahuciada  debido a la crisis y a las causas socioeconómicas sobrevenidas ajenas a los deudores hipotecarios y  a los avalistas se sienten en muchos  casos avergonzados , humillados, no saben  como solucionar su situación y se encuentran sin ningún  tipo de   futuro.

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU)  durante  los últimos años no ha sido ajeno al drama social de las personas desahuciadas, que afecta a miles de consumidores que se han quedado  sin un bien de primera necesidad como es  su vivienda  habitual, por ello hemos venido  realizando informes y en todas nuestras Memorias desde el 2007 hemos analizado la  situación de endeudamiento de las familias.

Comprobamos, que   de los 8.836 desahucios del año 2007 se  paso  en el 2008 a la cifra de 21.111, pero  que estas  cifras  son muy  inferiores a la  que se produjo e a partir del 2011 y  ya  en el 2012 donde  hubo lanzamientos  por  una  cantidad de 167.000 aproximadamente.

Actualmente estamos sufriendo las consecuencias de una situación, en dónde  la extensión generalizada  del crédito hipotecario ha sido la pauta común, como consecuencia de la confianza excesiva que existía en  los resultados de la burbuja inmobiliaria y financiera, unido  a  la necesidad de  tener un hogar propio y a la mala praxis de las entidades bancarias con posibles clausulas  abusivas, como  ha señalado la abogada  General del tribunal de Justicia de la Unión Europea Juliane Koklot en noviembre del año pasado (2012) que ha permitido la concesión de créditos sin valorar las posibilidades reales del deudor y la comercialización irresponsable de productos  financieros  complejos como  las participaciones preferentes y subordinadas, los swap y otros productos  financieros, que en  algunos casos  les  ofrecían para  afrontar la  hipoteca y los intereses  que  esta les suponía. Lo que ha dado lugar  a un doble  perjuicio para esta persona.

Por  otro lado, la  situación  de desempleo, con escandalosos  porcentajes sobre todo en el caso de los jóvenes en edad de emancipación, emigrantes, etc, ha provocado  que no pudieran hacer frente  al pago de las cuotas de los préstamos bancarios.  La bajada de  precios de la vivienda  ha llevado a que ésta  valga menos que la deuda  a la que debían  hacer frente los hipotecados.

En resumen, el quedarse sin empleo y sin vivienda, puede abocar a muchos consumidores a una situación de exclusión social con difícil salida;  es necesario adoptar medidas  que eviten  llegar a los ciudadanos a esta situación de exclusión.

Es por ello, que el CCU hemos solicitado una serie de medidas para paliar  la situación y conseguir que el eslabón más débil, los ciudadanos hipotecados, ante la imposibilidad para hacer frente a las cuotas de los préstamos  derivado de la situación de sobreendeudamiento, surgida en los años de  bonanza económica sin mediar ninguna regulación y norma jurídica  que lo frenara, puedan salir adelante y tener futuro. También  ha existido desinformación y falta de educación financiera .  Es importante  que exista una transparencia  y corresponsabilidad  como pilares  fundamentales entre  el acreedor y el deudor.

Entre  las medidas, propuestas  para las personas  sobre endeudadas consideramos importantes:

Que se paralice el proceso de ejecución desde el comienzo del procedimiento y no en la fase  de lanzamiento  de la vivienda.

Que se suspendan los intereses de demora durante la tramitación del procedimiento

Que se amplíe  la moratoria a un periodo al menos de 3 años, dado que  cuando  una persona  incumple el pago de sus obligaciones hipotecarias, caben presumir indicios  de serias dificultades económicas que no parece sencillo superar  en un  plazo de  dos años, teniendo en cuenta los indicadores económicos  y de empleo actuales  en la sociedad española.

Que  en todos  estos casos  se incluya  además a los avalistas, que sufren igualmente  las consecuencias del impago del préstamo o crédito concedido  por las entidades bancarias.  El papel  que han tenido los avalistas  en todo este proceso, ha sido muy  preocupante, en muchos casos la propia entidad  bancaria  animaban a que buscaran personas que no iban a tener ninguna responsabilidad y que  todo se quedaría  en la perdida del bien.  La realidad  ha demostrado que muchos avalistas han perdido  su propia  vivienda con la que avalaron la del deudor o han tenido que  abonar  una cantidad  muy alta.

Que se modifiquen los tramites de las subastas, para que no se  malbaraten en la tasación  la vivienda, pudiendo  preveerse  la dación en pago.

Que las tasaciones  de las viviendas sean independientes a la entidad  financiera  y con criterios  científicos

Que en los casos de ejecución se tome como referencia el valor del mercado de la vivienda  y no el de tasación en el momento de la concesión del crédito

Que el deudor  pueda acudir  a un procedimiento judicial para obtener la remisión o cancelación total o parcial de la  deuda  pendiente, lo que se conoce como “Segunda Oportunidad” para el deudor, que  lo  hacen  en otros países  europeos  y en EEUU.

Que el  código de buenas prácticas fuera de obligado cumplimiento por parte de las entidades bancarias, de forma que permitan una reestructuración viable  dentro de este marco

Somos conscientes de que es necesario que se cree  un parque  público  de  alquiler de  viviendas

Hay modificaciones que son necesarias y oportunas en estos momentos y que no ponen en peligro la situación financiera española, como es  la modificación del  art. 693.2 de la  Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que  el acreedor podrá solicitar que se despache  la ejecución por la totalidad de la deuda, al no  haber pagado el deudor  una  mensualidad, creemos  que   debe ponderarse  la cuantía adeudada  sobre la totalidad del préstamo  y el plazo de  extensión del mismo.

Es necesario que  exista  una Ley  de Quiebra  Familiar  para los hogares  afectados  por el sobreendeudamiento que permita  a los tribunales, declarar cancelada la totalidad de la deuda  tras valorar una serie de  elementos como la buena fe de los deudores o la situación  en la que se contrajeron los créditos.  La Ley  Concursal  esta  pensada  solo  para  el trafico mercantil, y se ha demostrado como un mecanismo  ineficaz como solución a las situaciones  por las  que atraviesan millones de consumidores.

El conjunto de la sociedad española tenemos  que ser conscientes de que  hay que paliar la  situación  de muchas familias  que han sido expulsadas de sus viviendas por  no poder pagarlas y siguen  con la deuda y no tienen  expectativas  de que las pueden  pagar, hay   que  dar  a esta situación   una solución  rápida y sino somos capaces  de  hacerlo, será  difícil  que   en nuestras calles exista   un clima de tranquilidad y paz social.

Paquita Sauquillo es abogada y ha sido diputada en la Asamblea de Madrid y senadora. Es presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU),