Izquierda Unida ha anunciado que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recurrirá por primera vez un decreto-ley del Gobierno de Rajoy, el 14/2013 por el cual se adaptó al derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de las entidades financieras. Así, han explicado que los servicios legales del organismo han atendido su petición y entienden que el decreto puede vulnerar los artículos 1, 23, 137 y 140 de la Carta Magna.

Becerril considera "procedente" el recurso
El diputado de IU Alberto Garzón fue el encargado de instar a Becerril a actuar, ya que entendían el decreto como "un precedente político enormemente peligroso, ya que justifica que se puedan romper las reglas del juego democráticas en cualquier ayuntamiento del país con la coartada de que se están poniendo las medidas para hacer frente a la crisis que le gustan al PP". En la respuesta de Becerril difundida por la coalición se considera "procedente" interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre.

Contra los apartados que limitan competencias locales
Tras la evaluación con la Junta de Coordinación y Régimen Interior del Defensor del Pueblo, Becerril ha resuelto "interponer recurso de inconstitucionalidad" contra los apartados del decreto "que se refieren a la atribución a la Junta de Gobierno Local, o al Alcalde, de la competencia del Pleno de la Corporación para acogerse a determinadas medidas, aprobar el plan de ajuste o aprobar alguna de las medidas incluidas en dicho plan de ajuste". El decreto se enmarcó en los planes de Hacienda para rescatar a Ayuntamientos quebrados y los puntos ahora en cuestión atribuían al alcalde o a la junta local competencias del pleno municipal para saltarse posibles obstáculos.

IU cree que vulnera funcionamiento democrático
Garzón valora "muy positivamente" esta decisión "sobre todo porque los servicios legales del Defensor del Pueblo consideran acertada y comparten buena parte de la argumentación de IU que les trasladamos para interponer este recurso", al entender que el decreto "colisiona notoriamente con el funcionamiento democrático de los ayuntamientos y quitan al Pleno Municipal su competencia para aprobar los planes de ajuste, con las graves consecuencias que esto tendrá para los vecinos que votan en unas elecciones a sus representantes municipales". "El Gobierno del PP hace aquí un raro ejercicio de sinceridad, y en estos mismo términos al utilizar el término de ‘obstáculo’ para referirse nada más y nada menos que a las decisiones que pudiera tomar de forma mayoritaria y democrática el Pleno de cualquier ayuntamiento integrado por los grupos municipales de distintos partidos". advierte el diputado, que sentencia que se trata de algo "inaceptable, peligroso y, por supuesto a nuestro juicio, inconstitucional".