Se sabía que el informe del Tribunal Supremo iba a concluir rechazando los indultos a los políticos catalanes condenados en la sentencia del procés. Los jueces, con el magistrado Manuel Marchena al frente, no se iban a contradecir a sí mismos. Pero trasluce muy mala impresión el punto en que la decisión de la Sala II difumina la frontera del Derecho para embarcarse en el terreno de la Política.

En defensa de su criterio de definir los hechos como delito de sedición -aspecto discutido por otros juristas que desde el principio no vieron ni sedición, ni rebelión- van más allá y justifican que “… cuando lo que está en juego no es la preservación del orden público, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática, el enfoque tiene que ser radicalmente distinto”, dando la impresión de que entran en el terreno político, que no les compete.

Llevamos demasiado tiempo viendo cómo disminuye la separación entre políticos y jueces. El caso de Cataluña es significativo. Empezando por el Estatuto de Autonomía de 2006, aprobado previamente por el Congreso de los Diputados, refrendado después por los catalanes en referéndum, contra el que el PP presentó recurso de inconstitucionalidad. Y el más alto Tribunal declaró inconstitucionales, sin unanimidad, 14 artículos de ese Estatuto. El contenido del fallo, con cinco votos particulares, se conoció en 2010 coincidiendo con la manifestación que popularizó: “Som una nació, nosaltres decidim”.  

Mariano Rajoy Brey fue incapaz de abordar políticamente la cuestión catalana y dejó en manos de los jueces la solución. Su habitual dejadez enconó la situación y el Supremo decidió un castigo ejemplar, encarcelando a los políticos responsables. Cuando se cumplen tres años de la moción de censura que acabó con su Gobierno, era evidente que en esas fechas el PP estaba más centrado en otros asuntos y en cómo taparlos.

Ahí tenemos la sentencia del caso Gürtel, corroborada punto por punto por el Tribunal Supremo que condenó a este partido como partícipe a título lucrativo. Además, quedan los juicios pendientes a políticos del PP relacionados con presuntas corrupciones.

Que a nadie le extrañen las suspicacias que provoca el partido de Pablo Casado negándose a renovar el Consejo General del Poder Judicial, como es su obligación constitucional, ante su tendencia a que sean los Tribunales los que le saquen las castañas del fuego. Eso conduce a la sospecha de que, al resistirse, bloquea que haya magistrados no afines e independientes: Un  flaco favor a la Justicia. 

Los indultos que defiende el Gobierno para los condenados por el Procés son necesarios para aliviar la convivencia. A ningún demócrata se le escapa. Pedro Sánchez está dispuesto a seguir adelante aunque tenga que pagar algún precio. Puede ser lógico que los magistrados del Supremo defiendan sus decisiones, como acaban de hacer, pero deberían tener muy en cuenta hasta dónde llega el Derecho y dónde empieza la Política.