La asociación progresista Jueces para la Democracia ha denunciado mediante un comunicado que el acuerdo sobre comercio e inversión que se está negociando entre EEUU y la UE más conocido como TTIP, implica que las empresas podrán emprender acciones mediante un tribunal privado, se abaratarán los contratos y supondrá un atentado contra la independencia judicial y la soberanía jurisdiccional de los estados. La votación en el Parlamento Europeo de una parte de este acuerdo, fue aplazada ayer, si bien se mantendrá este miércoles el debate sobre el borrador del informe ya aprobado.

“El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI), o en inglés Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), cuyo inicio data de 1990, se materializó en febrero de 2013 con el anuncio de lanzar acciones orientadas para iniciar negociaciones”, relata JpD que añade: “Pero a pesar de las declaraciones públicas en sentido contrario, estas negociaciones se están llevando a cabo a puerta cerrada y en secreto”.

¿Sólo simplificar el comercio?
El tratado tiene como objetivo declarado “eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios”, añade la asociación.

Mucho más que eso
Pero en su opinión “todo esto en realidad significa, tal como ha sido denunciado por numerosas organizaciones, regular aspectos relacionados con los estándares técnicos de productos en el mercado, la ausencia de sanciones contra los abusos en aras al 'desarrollo sostenible', la privatización de servicios públicos o la pérdida de confidencialidad de los datos personales”.

Controversias inversor Estado
Lo que también preocupa a los jueces progresistas es que, “desde la perspectiva de la soberanía de los Estados en materia de Justicia, debemos prestar atención en la previsión de creación de un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (Investor State Dispute Settlement, ISDS, por sus siglas en inglés)”.

El poder de las empresas
Mediante el ISDS, señalan, “las empresas pueden emprender acciones legales contra gobiernos locales, regionales y estatales cuando consideren que una norma emitida por cualquiera de ellos puede restringir o limitar sus ganancias presentes o futuras, o sus intereses comerciales han sido perjudicados”.

Mediante un tribunal privado
“Éste es un tribunal privado, formado por tres abogados designados por firmas internacionales de reconocido prestigio, y cuya decisión no será susceptible de ser impugnada ante ninguna otra instancia jurisdiccional”, destaca JpD.

Los derechos laborales cuestionados
Otro aspecto que indican es la necesidad de hacer “un análisis profundo sobre los problemas que generarán respecto de los derechos laborales básicos, y que fundamentalmente vendrían dados por las desigualdades normativas en materia laboral entre los EEUU y la UE, fruto de culturas jurídicas absolutamente distintas”.

Abaratar mano de obra
Dichas desigualdades provocan el denominado dumping social, “es decir, el enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de los derechos de los trabajadores bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior”.

Torpedo contra la función jurisdiccional
Por este motivo, consideran que “el establecimiento de un tribunal de estas características y con esa composición, viene a ser un torpedo bajo la línea de flotación del concepto clásico de jurisdicción, entendida ésta como función estatal y como órgano que ejerce un poder reservado al Estado”.

Contra el poder legislativo y ejecutivo
“Los términos en los que se concibe el ISDS, pueden tener efectos en la actividad de instituciones (o poderes) del Estado -dicen los jueces - como el legislativo y ejecutivo, puesto que el momento que se le puede obligar a compensar a las compañías cuando vean restringidas sus ganancias o perjudicados sus intereses comerciales, provoca que las legislaciones nacionales se deban ajustar a este nuevo paradigma”.

Vulneración de la independencia judicial
Otro aspecto alarmante es que las decisiones de ese tribunal arbitral “pueden suponer la vulneración del principio básico de independencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados. Esta situación puede llegar a condicionar la respuesta de los tribunales de justicia a las ganancias o intereses comerciales derivados de las fórmulas de compensación a las compañías inversoras que se pueda prever en el tratado, y en su caso implicar la responsabilidad del Estado por las decisiones de sus tribunales”.

Proteger independencia y soberanía
“Es por ello que Jueces para la Democracia quiere hacer un pronunciamiento contrario a la promulgación de ese tratado en los términos y en la forma que se está negociando, exigiendo una absoluta transparencia de su contenido, una participación efectiva de los ciudadanos en su elaboración, y en todo caso el mantenimiento y protección de la soberanía de los Estados en ámbitos tan sensibles como la independencia del poder judicial”, concluyen.