Jueces para la Democracia reclama al Gobierno, Comunidades Autónomas, partidos políticos y poder legislativo que aborden la protección de los ciudadanos en relación con las entidades financieras y que se practique un mayor control sobre los bancos entre otras medidas como el arbitrio de un fondo social de viviendas para personas que han sido deshauciadas.

Estas han sido las conclusiones aprobadas por la asociación progresista en unas jornadas sobre Derecho Privado que han celebrado. Los jueces analizaron la insuficiente protección jurídica de los consumidores ante los bancos, la existencia de numerosas cláusulas abusivas impuestas por las entidades financieras en los contratos, la ausencia de regulación pública y la falta de sanciones ante prácticas bancarias contrarias a la buena fe.

Inspecciones preventivas
Considera JpD que los distintos poderes deben controlar mediante inspecciones preventivas las prácticas de las entidades financieras en la contratación con consumidores, ejerciendo la potestad sancionadora frente a las que incurren reiteradamente en el uso de cláusulas abusivas.

Transparencia para el Banco de España
Otra acción debería ser la de adoptar medidas dirigidas a que los organismos de control como el Banco de España, CNMV y el FROB, actúen con transparencia, facilitando información de sus actividades, inspecciones y expedientes, exigiendo a sus consejeros, vocales y consejos rectores que den cuenta de sus actividades y retribuciones por todos los conceptos, con un rígido sistema de incompatibilidades antes y después de su ejercicio.

Control a los prestamistas
Es preciso, dicen, “controlar a personas y entidades que sin estar sujetas a la fiscalización del Banco de España o de la CNMV, se dedican a actividades de préstamo, imponiendo en muchos casos intereses usurarios o abusivos”.

¿Créditos fáciles o usura?
Proscribir y perseguir la publicidad engañosa de las entidades financieras dirigida a consumidores es otro objetivo imprescindible “evitando que se disfracen como créditos fáciles y rápidos lo que son préstamos que rayan o incurren en la usura”.

Sometimiento a mediación antes de la vía judicial
Antes de acudir a la vía judicial habría que promover y en su caso imponer de forma obligatoria para el empresario, especialmente en el sector bancario, el sometimiento a mediación de las controversias, incumplimientos o interpretación de los contratos con consumidores, especialmente los que puedan comprometer la vivienda familiar o los ingresos mínimos de la unidad familiar.

Deber de información
Abogan por establecer legalmente tipos máximos de interés moratorio en la contratación con consumidores. Del mismo modo, plantean “promover normas imperativas del deber de información de las entidades financieras, en la contratación con no sólo con consumidores sino también con autónomos y pymes, similares a las que protegen a los destinatarios de servicios de inversión (realización de test, exposición de escenarios, etc.)”.

La independencia de los notarios
Para los asociados a JpD es importante realizar campañas divulgativas para mejorar el conocimiento por los consumidores de sus derechos. Y señalan un tema complejo: “Conseguir una mejor independencia del cuerpo de notarios impidiendo su vinculación a entidades financieras, debiendo cumplir sus deberes de expulsión de cláusulas abusivas, como forma de garantizar la observancia por su parte del deber de protección del consumidor”.

Viviendas para desahuciados y más
Sobre el fondo social de viviendas destinadas a las personas que han sido desalojadas de su vivienda, consideran que hay que impulsar su funcionamiento y extender el ámbito de adjudicación a más colectivos (como familias monoparentales con un solo hijo menor o cualesquiera vulnerables con hijos menores. No olvidan que es necesario “efectuar un seguimiento público que permita conocer el real funcionamiento del fondo y el número de ciudadanos beneficiados y rechazados”.

Evitar las ejecuciones hipotecarias
Los jueces proponen “elaborar una ley que aborde las causas subyacentes en los impagos de los préstamos hipotecarios y que trate de evitar las ejecuciones hipotecarias, contemplando los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables”.

Reducir el riesgo moral
Sobre este tema apuntan: “manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral, tal como han solicitado a España el Banco Central Europeo en su dictamen de 22-5-2013 y el Parlamento Europeo en su sesión de 11-6-2013”.

Proteger a los deudores de buena fe
Por último, Jueces para la Democracia ve la oportunidad de elaborar “una ley de sobreendeudamiento de los ciudadanos, que proporcione protección a los deudores de buena fe y les posibilite su recuperación económica”.