Cosidó ha adelantado el nuevo punto de la próxima Ley de Seguridad Ciudadana durante un encuentro con la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) para analizar las consecuencias de la crisis en el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Derecho al honor de la Policía
Según el director general de la Policía, se prohibirá "la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando". Una medida que, ha asegurado, pretende proteger la intimidad personal y familiar de los agentes y garantizar el derecho a su honor e imagen y con la que el Gobierno, ha dicho, "da un paso al frente" para dotar de más seguridad el trabajo de la Policía "desde la legalidad y el estricto cumplimiento del Estado de Derecho".

Destapando los abusos
En los últimos meses, y sobre todo a raíz de las protestas del 25-S, las imágenes captadas por periodistas y ciudadanos han sido claves para atestiguar los excesos policiales que no se han mostrado en las televisiones. Así ha sido con la polémica entrada de los antidisturbios en Atocha, o la práctica de sacar a clientes de los bares para aporrearles indiscriminadamente en la puerta. Estas imágenes también sirvieron para destapar la presencia de infiltrados policiales dentro de las manifestaciones.

Identidad oculta, sólo para policías
La Ley de Seguridad Ciudadana también incluirá otra medida polémica como la de sancionar a quienes se manifiesten con la cara cubierta. Este extremo resulta peligroso para algunos manifestantes que necesitan cubrir su rostro por seguridad, como son las mujeres maltratadas o las prostitutas. Y además, choca con la práctica habitual de los antidisturbios de tapar sus identificaciones para que no se puedan denunciar sus abusos.

¿Cárcel para los iaioflautas?
A esta futura ley hay que sumar la reforma que se prepara para endurecer el Código Penal a cargo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El nuevo texto se ceba con los indignados y otros colectivos que promulgan la resistencia pasiva. Así, se penará con cárcel a quienes ocupen simbólicamente entidades bancarias (práctica habitual de los llamados iaioflautas, un colectivo de jubilados habituados ya a las protestas), se encaden para evitar desahucios o interrumpan el funcionamiento de los medios de transporte públicos.