Este miércoles fuentes del diálogo social informaban de que Gobierno, patronal y sindicatos habían alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) hasta el próximo 30 de septiembre. Es la quinta vez que estas prestaciones necesitan de un acuerdo entre la administración, las empresas y los trabajadores. Superadas las diferencias sustanciales entre José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, y la patronal, liderada por Antonio Garamendi, ha sido este jueves cuando el Ejecutivo ha aprobado un nuevo paquete de 2.000 millones de euros que siga sirviendo como escudo a aquellos sectores todavía dañados por los efectos derivados de la pandemia y las restricciones y sirvan como aliciente para la reactivación de los que, por su parte, decidan apostar por la vuelta paulatina a la normalidad y la contratación de los trabajadores hasta ahora apartados de la cadena de producción.
Tanto Escrivá como la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han sacado pecho por el nuevo acuerdo defendiendo que el Gobierno de España se ha consolidado como un referente del acuerdo con los agentes sociales: “La marca de la casa del Gobierno de España se llama diálogo social. Somos un ejemplo en desplegarlo con la máxima eficacia. En momentos de turbulencias, la situación requiere de piedras que demuestren que las recuperaciones pueden ser justas. Si ha habido un ejemplo bien reconocido son los ERTE, convertidos en el mayor amortiguador social de nuestra historia”, ha indicado Díaz.
Haciendo bandera de los logros conseguidos, no sin esfuerzo ni cruces de reproches, la vicepresidenta ha proseguido advirtiendo de que sin este mecanismo de protección hoy tendríamos “a más de seis millones de personas paradas”. Insistiendo con el número de personas en paro, la titular de la cartera de Trabajo ha explicado que la tendencia es “positiva” y España se acerca a niveles prepandémicos. Siguiendo con la estela de su predecesora en el turno de palabra, Escrivá ha pormenorizado con datos la situación laboral de nuestro país, señalando que pese a que España por su modelo productivo sufrió por encima de sus vecinos el golpe del coronavirus es, junto a Países Bajos, el país que mejor se ha recuperado del golpe: “A finales de enero había cerca de un millón de personas en ERTE. Ahora estamos en algo más de 550.000 personas que se acogen a esta prestación. Si añadiéramos a estos datos todos los nuevos trabajadores que se han incorporado al mercado de trabajo, estaríamos sumando prácticamente a ese medio millón que falta en la seguridad social”.
Precisamente en este análisis positivo y las buenas vibraciones del Gobierno de cara al futuro ha sido donde Escrivá ha chocado estas últimas semanas con las empresas. La patata caliente: las exoneraciones. El ministro ha cambiado su plan de incentivos fiscales pretendiendo premiar a aquellas empresas que pudieran incorporar a sus trabajadores de los ERTE, mientras que Yolanda Díaz, los sindicatos y la patronal apostaban por mantener el grueso de las ayudas en aquellos que todavía no pudieran incorporarse objetando que la reactivación se produciría de forma natural.
“Este nuevo plan de protección debe tener dos vertientes: ayudar a aquellos sectores en los que sigue siendo difícil la recuperación, pero también a aquellos que empiezan a activar trabajadores. Es necesario que vean que esta incorporación vendrá acompañada de exoneraciones e incentivos que estimularán su actividad”, ha recordado Escrivá, en línea de lo defendido por su equipo en las últimas semanas.
Finalmente, el acuerdo consta de cuatro características principales: reactivación, protección, certidumbre y consenso. Así, las empresas que vean coartada su producción por las restricciones impuestas por las administraciones seguirán gozando de un 100% de la cobertura actual para sus trabajadores (un 90% en el caso de las que tengan más de 50 trabajadores); mientras que las que no se vean afectadas por las restricciones y “los sectores ultraprotegidos” tendrán un 85% de cobertura. “Estamos ante el mayor despliegue de protección social que hemos conocido”, ha sentenciado Díaz.
