Álvaro Pérez, a la salida de la Audiencia Nacional, citado para prestar declaración como imputado en relación con la adjudicación de contratos de RTVV durante la visita del papa a Valencia. EFE/Archivo



El instructor de la causa por supuesta financiación irregular del PP valenciano ha decidido abrir tres nuevas piezas separadas sobre los contratos realizados con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006, los contratos entre la Generalitat y la Gürtel, y los supuestos delitos contra Hacienda de la empresa de la trama radicada en la Comunidad Valenciana, Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez (El Bigotes).

El contrato de RTVV para la visita del Papa
Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la primera de estas nuevas investigaciones derivadas del caso Gürtel se refiere a la contratación de Radiotelevisión Valenciana con la empresa Teconsa para la cobertura de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, en los que pudiera haber intervenido la trama Gürtel, como intermediaria, y que pueden constituir delitos de prevaricación y cohecho, informa EFE.

Las contrataciones de la Generalitat con Orange Market
El instructor de la causa por la presunta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana,  José Francisco Ceres, ha ordenado investigar la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al cabecilla de la trama, Francisco Correa, a excepción de la contratación investigada ya en otra pieza anterior con la Agencia Valenciana de Turismo, por un supuesto delito de prevaricación.

Los delitos contra Hacienda de Orange Market
En tercer lugar, el juez ha acordado investigar supuestos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market y derivarse de los hechos delictivos a que se refieren las piezas primera y segunda de la causa abierta por el TSJ valenciano por una supuesta financiación irregular del PP y una presunta prevaricación de la Generalitat relacionadas con la trama Gürtel.

Otras tres piezas abiertas
Estas nuevas piezas se suman a las tres en que hasta ahora se dividía la causa: presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, supuesta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market.