No parece que al PP las formas, la estética, le preocupe grandemente. Si no, quizás se explica mal la elección de una senadora canaria, María Rosa de Haro Brito, como ponente precisamente de la reforma del Código Penal.., si se tiene en cuenta que hasta hace menos de un mes ella misma estaba imputada en una llamada 'Operación Catis' por una trama de títulos falsos que afectaba a varias poblaciones.



Falsedad documental
En concreto, la trama, según la investigación de la Guardia Civil, expedía títulos de formación de todo tipo a cambio de dinero. En la operación, los agentes detuvieron a diez personas y se imputaron a dos altos cargos del PP, una de ellas la senadora por La Palma, que antes de serlo ocupó entre 2007 y 2008 el cargo de directora de la Escuela Canaria de Servicios Sanitarios y Sociales (Essccam). La Guardia Civil, que encontró que en su cargo había firmado diplomas de títulos formativos que, de acuerdo a la investigación, se demostraron falsos, llegó a detener a la senadora acusándola de falsedad documental.

El juzgado que llevó a cabo la investigación en Cádiz, al encontrarse en el momento de instruir la causa que había aforadas, pasó el asunto al Supremo. Hablamos de comienzos del año 2011. Y ahora, en concreto en febrero de 2015, a pocas semanas de iniciarse la campaña para las elecciones autonómicas, el Alto Tribunal ha dictaminado que en la exposición del juzgado de Cádiz no se daban razones suficientes para la imputación de la senadora, aunque se reconocía que el Ministerio Fiscal sí había determinado que una parte de los títulos investigados corresponden a la supervisión de la Essccam que dirigía la ahora senadora.

Senadores afortunados en el Supremo
La misma fortuna que ha tenido esta 'popular' de Canarias con su caso en el Supremo, justo un día después la tuvo el también senador del PP, y portavoz de su Grupo Parlamentario, José Manuel Barreiro, cuñado del ministro de exteriores, José Manuel García Margallo. Barreiro se vio libre de la imputación aunque la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, en un auto del pasado 15 de septiembre sí había establecido "indicios suficientes"  para interrogar al portavoz del PP e indagar si cometió un delito de cohecho y recibió 5.000 euros de la empresa Vendex, la empresa eje de la Operación Pokemon.