El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que las escuchas telefónicas sin autorización judicial previa tienen difícil encaje en la Constitución y por eso se ha mostrado crítico a ese respecto en su informe al Gobierno sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que incluye esta medida para que el Gobierno pueda pinchar teléfonos sin permiso de un juez.

En el pleno extraordinario celebrado este lunes para pronunciarse sobre este proyecto, el órgano de gobierno de los jueces ha aprobado por unanimidad un informe, que no es vinculante para el Ejecutivo, que plantea sus dudas constitucionales a la posibilidad de que los responsables del Ministerio del Interior pueda ordenar la intervención de las comunicaciones sin permiso del juez.

Intervención de teléfonos
El informe es muy crítico sobre determinados aspectos de la nueva redacción de la norma y en especial por lo que respecta a la intervención de las comunicaciones. En el texto elaborado por el Ministerio de Justicia se prevé que la intervención de las comunicaciones pueda ser acordada por orden del ministro del Interior o del secretario de Estado de Seguridad, para luego ser comunicada en un plazo máximo de 24 horas al juez, que deberá validar o anular la medida en 72 horas.

“Serias dudas”
El órgano de gobierno de los jueces ha mostrado hoy "serias dudas de encaje constitucional" de esta previsión. Todos los vocales han apoyado, por tanto, esta crítica contenida en el informe elaborado por Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo.