El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a Alfonso Alonso en el Congreso / EFE-Archivo



ELPLURAL.COM informó de la cara hipoteca que Alfonso Alonso, actual ministro de Sanidad, dejó a la ciudad de Vitoria cuando fue su alcalde. Una comisión de investigación concluyó que tanto él como el que era su concejal de Hacienda y luego sucesor al frente del Consistorio, Javier Maroto, tuvieron una "actuación contraria al interés general" de los vitorianos y un "comportamiento opuesto a la debida transparencia" a la hora de negociar un contrato de alquiler con dinero público. Los hechos se remontaban al alquiler por parte del Ayuntamiento de dos locales en la calle San Antonio en 2007 al empresario Gonzalón Antón, con mucha influencia en la ciudad.

Condiciones disparatadas y blindadas justo antes de irse
Las condiciones del alquiler que el Ayuntamiento concedió a Antón a pocos días de que Alonso dejara la alcaldía estaban muy por encima de los precios de mercado: costaban a las arcas municipales 144 euros por hora y encima el contrato estaba blindado hasta 2027. Si el Consistorio rescinde antes de tiempo este ventajoso alquiler para el empresario debe pagar el 50 % de la renta hasta los 20 años. De hecho tras el escándalo denunciado en la comisión Antón aceptó cobrar hasta 6.000 euros menos al mes por el alquiler aunque mantuvo el blindaje.

El Tribunal de Cuentas confirma que estaba fuera de mercado
Ahora el Tribunal de Cuentas del Estado reclama cerca de 440.000 euros a Alonso, Maroto y a otros cinco exediles populares por ese contrato de alquiler. En el documento interno del órgano fiscalizador se advierte de una posible irregularidad contable ya que el precio del alquiler acordado en febrero de 2007 entre Alonso y Antón, fue muy superior al que pagó el empresario alavés un año antes (2,7 millones) e incluía una cláusula penal en caso de rescisión que suponía también "un menoscabo de los caudales públicos".

El Tribunal de Cuentas del Estado ha citado al actual ministro de Sanidad el próximo 5 de marzo y a todos los que eran concejales en su gobierno municipal de entonces para que presenten alegaciones al caso que se investiga.