Manuel Lamela, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardon en la 'primera piedra' del Hospital de Vallecas. Foto CAM



La Unidad de Auxilio Judicial ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional que lleva la instrucción del caso Gürtel, Pablo Ruz, en el que se constata que la Comunidad de Madrid (cuando era gobernada por Esperanza Aguirre) pagó a las empresas de la red corrupta la realización de múltiples actos propagandísticos –relacionados casi todos ellos con la construcción de diversos hospitales de Madrid, urbanización de nuevas áreas de expansión y viviendas protegidas-, pese a que esos mismos actos ya habían sido previamente abonados por las adjudicatarias que se llevaron la construcción de todas estas obras.

Sacudida al PP 
Este informe al que ha tenido acceso a ELPLURAL.COM puede provocar otra sacudida en el PP nacional y especialmente en el de Madrid, ya que  pone de manifiesto que dichos eventos propagandísticos habrían sido pagados por las empresas adjudicatarias por un lado, y por otro facturados por las empresas de la Gürtel a la Comunidad de Madrid. Es decir, habrían sido ‘cargados’ dos veces.

El origen del informe
Este documento demoledor para el Partido Popular de Madrid tiene su origen en el escrito emitido el pasado 27 de febrero en el que el juez Ruz exigía que las consejerías de Sanidad y Transporte de Madrid “en el plazo de CINCO DIAS”, aclarasen quiénes pagaron una serie de inauguraciones de obras relacionadas con esas consejerías en los años en los que eran sus consejeros Manuel Lamela en el caso de Sanidad, y María Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez en el caso del Transporte.

Modus operandi
Es ahora cuando se constata definitivamente el modus operandi que utilizaba la Comunidad de Madrid para beneficiar a la trama corrupta: troceaban los actos propagandísticos para burlar la ley, favoreciendo así a la trama corrupta y orillando el principio de transparencia.

Doble coste para el contribuyente
A esta conclusión se llega tras muchos meses de investigación, en los que el juez Ruz protestó ante las excusas que la Comunidad de Madrid ponía a la hora de facilitarle los documentos que previamente solicitaba. Pese a estas dificultades, ya no queda duda de que la Comunidad de Madrid encargaba a la red Gürtel un montaje paralelo de los actos que previamente había adjudicado a la empresas que habían sido agraciadas con la construcción de obras públicas. De este modo, el contribuyente pagaba doblemente unos actos generalmente ideados para ensalzar el perfil político de Esperanza Aguirre.

Cruzando datos
Para llegar a esta conclusión, la Justicia hace uso no sólo de los datos facilitados a duras penas por la Comunidad de Madrid sobre 348 actos, sino también del material informático que la policía incautó en su día al ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo. Cruzando todos los documentos, es cuando se consigue poner blanco sobre negro el particular modo de proceder de la Comunidad de Madrid.



El desglose
Así, el desglose que se hace en el informe remitido al juez Ruz no deja lugar a dudas:



Conclusiones demoledoras

Cabe asimismo resaltar algunas de las conclusiones demoledoras a las que se llega en dicho informe a raíz de la documentación estudiada:

- “(Los documentos estudiados) inducen a considerar que se fraccionó el objeto del contrato (…) con la finalidad de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación”.

- “Se contraviene el Plazo para la expedición de las facturas o documentos sustitutivos”.

- “En las facturas recibidas y abonadas los conceptos son genéricos (…) lo que imposibilita verificar y en consecuencia certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado por el órganos gestor”.

- Asimismo, se manifiestan dudas sobre si “ “la contratación de estas prestaciones (actos de inauguración, controles, auditorías…) está sujeta a las normas aplicables en la contratación pública”.