El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha fijado una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones para Iñaki Urdangarin y su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, por las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en esta pieza que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos. El magistrado les da un plazo de cinco días para el pago, desde el siguiente a la notificación.

Se pueden repartir el pago
En un auto de 500 folios, el juez  explica que pueden responder a la caución de manera subsidiaria, de manera que se pueden repartir el pago de la misma o bien alguno de los afectados podría abonar el importe total de la fianza. En el caso de que no pagaran el importe, se les embargaría los bienes hasta cubrir la cuantía de la fianza que se les ha impuesto. El magistrado pide a Urdangarin y Torres que le comuniquen si tienen antecedentes penales, por si hubiera que aplicarles la agravante de reincidencia, informa Europa Press.

Anticorrupción pidió la fianza de 8 millones de euros en noviembre
El pasado 21 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para Urdangarin, Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos. Las compañías a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. (de la que es copropietaria al 50 por ciento la infanta Cristina), Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. A través de estas firmas Urdangarin y su socio recibieron, entre 2004 y 2007, del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas, hasta 4,4 millones de euros.

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también presentó ese mismo día su escrito, de 30 páginas, en el que pidió la misma cantidad.

Deberán devolver los fondos públicos y privados ganados
Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).

Urdangarin y Torres rechazaron la fianza
El pasado 15 de enero, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, explicó que había presentado un escrito de alegaciones contra la fianza de 8,1 millones, en el que explicaba que el Duque de Palma únicamente tenía un papel "representativo" en el Instituto Nóos, y que los contratos firmados eran correctos. "Nos oponemos a cualquier fianza porque mi cliente es inocente", insistió Pascual Vives, quien afirmó que en caso de que Urdangarin tuviera que hacer frente al pago de 8,1 millones de euros, no dispondría de esta cantidad en "efectivo".

Mientras, Torres, a través de su abogado, Manuel González Peeters, también presentó el pasado 15 de enero sus alegaciones contra la fianza en las que señalaba que, al no ser funcionario público, no puede ser tenido como sujeto activo de un delito de prevaricación, sino en todo caso partícipe, lo que le excluye del pago de una responsabilidad civil. En su escrito, el exsocio del Duque de Palma afirmaba que "no es verdad" que el Instituto Nóos cometiera "acto ilícito de suerte alguna" y que, bien al contrario, su actuación "se llevó a cabo (...) con más que notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los sentidos, económico, social, etc