Tras el escándalo por la actuación policial en la frontera de Ceuta por el disparo de pelotas de goma a inmigrantes que estaban en el mar y su posterior "devolución en caliente" a Marruecos incumpliendo la Ley de Extranjería, el Ministro de Interior afirmó que el Gobierno va a modificar dicha Ley que, en palabras de la Vicepresidenta, tiene deficiencias. Las soluciones que da el Gobierno del PP al intento de cientos de subsaharianos de llegar a Europa a través de Ceuta y Melilla pasan o por poner concertinas con cuchillas en las vallas, por utilizar material antidisturbios o por intentar legalizar las deportaciones "en caliente". Hasta los obispos españoles han recordado al Gobierno que no hay vallas ni cuchillas que paren la miseria.

Recurrir a un reglamento de Felipe
El objetivo del Gobierno de Rajoy es doble, por un lado endurecer la Ley de Extranjería y por otro neutralizar las críticas del PSOE recurriendo a Felipe González. Concretamente el Ministerio de Interior estaría pensando en recuperar el reglamento 155/1996 que desarrolló la Ley de extranjería aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González. Ese reglamento daba potestad al "gobernador civil de la provincia" a "devolver" extranjeros "sin necesidad de expediente de expulsión" siempre que éstos hubieran entrado en España de forma ilegal. De la misma manera que Rajoy insiste en que su Ley del aborto es igual que la del 85, algo absolutamente falso, el PP bucea en leyes de la época de Felipe González para intentar neutralizar al PSOE. Supondría además un retroceso legal de 18 años, cuando la inmigración no era un problema en las fronteras españolas.

Objetivo: legalizar las deportaciones "en caliente"
El principal objetivo del Ministerio de Interior es legalizar las "deportaciones en caliente" y, según informa la agencia Colpisa, expertos en la materia aseguran que la modificación legal es relativamente simple y que, si se quiere hacer con rapidez, basta con introducir cambios en el artículo 23 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería aprobada en 2009. En base a dicha Ley actualmente en vigor, los inmigrantes que entren ilegalmente en España deben ser trasladados a una comisaría de policía para ser identificados, tienen derecho a asistencia jurídica, y en su caso médica, y ello impide las expulsiones en caliente.

No puede vulnerar la legislación europea
Sin embargo las pretensiones del Gobierno pueden chocar con la legislación comunitaria sobre extranjería. Las normas comunitarias, y en particular la directiva de 2008 sobre el retorno de nacionales de terceros países, garantiza el derecho "efectivo" de los extranjeros a recurrir cualquier expulsión, y por tanto no puede producirse expulsiones en caliente. La normativa comunitaria es de obligado cumplimiento y los estados miembros de la UE no pueden actuar al margen. De esta forma, aunque el Gobierno modifique el acuerdo hispano-marroquí de repatriación de inmigrantes para que las deportaciones en caliente sean legales, puede tropezar con la legislación comunitaria.