El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez. EFE/Archivo El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez. EFE/Archivo



El director general de Hacienda, Santiago Menéndez, a quien en la propia Agencia ven como “un comisario político”, próximo a Génova y la Zarzuela, ha dicho ante las polémicas por los informes que salvan a la infanta Cristina y la cadena de ceses relacionados con el caso Cemex que él no pide el carné político ni le interesa la ideología de ningún funcionario.

Los "socialistas" en la Agencia
En una entrevista en Onda Cero, Santiago Menéndez ha afirmado que el hecho de que antiguos cargos de la etapa socialista ocupen puestos de máxima responsabilidad en la Agencia Tributaria es algo “absolutamente normal” y que esto “no genera ningún problema”. Sus declaraciones llegan después de que fuera el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien, en una conversación informal con periodistas en el Congreso, el pasado día 5, vinculara "el relevo" en la cúpula de grandes contribuyentes de la delegación central a que ese equipo estaba lleno de socialistas. Montoro se reafirmó en una entrevista con El Mundo publicada este fin de semana, en la que insistió en que la Agencia “estaba trufada de gentes del PSOE en puestos de responsabilidad”.

El director general de Hacienda ha intentado tapar el sol con un dedo al señalar que las declaraciones de Montoro sólo evidencian que no hay injerencia política, ya que el ministro no conocía hasta ahora esa circunstancia.

Menéndez justifica su actuación en los informes sobre la infanta
Preguntado por los polémicos informes sobre la situación fiscal de la infanta Cristina en el marco del caso Nóos, Menéndez ha explicado que se elaboró un primer informe en el que las rentas de la actividad de la sociedad se le adjudican a "una única persona física, que es quien realiza, administra y gestiona la empresa. Eso se hace así siempre, porque es un criterio jurisprudencial consolidado que utiliza siempre para todos los contribuyentes de forma igual y general la Agencia Tributaria". Sin embargo, ha añadido, que el juez que instruye el caso, José Castro, solicitó otro informe en el que las rentas debían ser imputadas a la sociedad (y no a la persona física) de forma que "ese cálculo da una cuota inferior a 120.000 euros", el límite a partir del cual es considerado un delito fiscal.