Los juristas que integran el Grupo de Derechos para la Paz*, en el que se encuentran abogados y jueces, consideran que la reforma aprobada con los votos del PP por Congreso y Senado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la Justicia Universal, “permitirá que cualquier genocida pueda pasearse libremente por nuestro país con tal que se cuide de no pedir la nacionalidad española”, y denuncian que los españoles quedan indefensos ante los crímenes de que puedan ser objeto en el extranjero.


“Esta Ley Orgánica, ya aprobada por el Congreso y el Senado con toda urgencia, prácticamente cercena toda posibilidad de investigar ni juzgar los más graves crímenes de derecho internacional cometidos fuera del territorio español, sin consideración alguna a que las víctimas sean de nuestro país, lo que deja en total desprotección a los españoles contra los crímenes más atroces de que puedan ser objeto cuando se encuentren en el extranjero”.

Solo si el responsable es español
El Grupo señala que la reforma permite únicamente que la justicia actúe cuando el posible responsable de los hechos sea de nacionalidad española o residente habitual en España o en caso de que eventualmente se encuentre en España, se haya rechazado su extradición.

“Cualquier genocida paseará libremente…”
Y añaden: “En una palabra, permitirá que cualquier genocida pueda pasearse libremente por nuestro país con tal que se cuide de no pedir la nacionalidad española o adquirir la residencia habitual en nuestro país, y estar pendiente de que no haya ningún otro país, alguno de los que sí les preocupa la impunidad de los crímenes contra la humanidad, que pida su extradición para perseguirle por esos crímenes que no se quieren investigar en España".

Evitar los conflictos ¿o claudicar?
“La razón de tan radical y demoledora reforma estaría, según parece, en el conflicto diplomático surgido con cierto país como consecuencia de resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional actuando la jurisdicción universal. Pero se ha de recordar, tanto a nuestro Gobierno como al partido que tiene la mayoría parlamentaria con la que pretende imponer la reforma, que con eso no se evitan los conflictos, simplemente se claudica, y que éstos se pueden producir siempre que exista una justicia independiente".

¿Y si dice ser un perseguido político?
Siguiendo esta lógica, dicen que “nos debe empezar a preocupar a todos los españoles qué ocurrirá cuando en alguna ocasión nuestros jueces decidan no extraditar al mismo país o a otro de potencia o interés estratégico semejante a alguna persona reclamada por estimar que es un perseguido político y que pueden verse vulnerados su derechos humanos fundamentales".

Larga trayectoria de justicia universal
“La jurisdicción española ha sido particularmente eficaz en varios importantes casos, especialmente en relación con Argentina, Guatemala y El Salvador. En otros, tiene un fuerte valor simbólico, enviando un mensaje universal en contra de la impunidad".

Scilingo y los vuelos de la muerte
“La condena por nuestros tribunales del militar argentino Scilingo, por su participación en dos vuelos de la muerte, no dando ningún valor a las leyes de punto final y obediencia debida, que impedían la persecución de los máximos responsables de la dictadura argentina, abrió paso a que se declarara allí la nulidad de estas leyes de impunidad.  En la actualidad se está enjuiciando a los máximos responsables de la dictadura, y sobre ellos han recaído importantísimas sentencias de condena. Puede decirse que por fin la justicia ha vencido, también gracias a la jurisdicción universal ejercida en España”.

No es un caso único
Pero no es un caso único, indican: “La investigación llevada a cabo en España sobre Guatemala ha permitido el enjuiciamiento y la condena por sus propios tribunales, en mayo de 2013, aunque la sentencia no sea no firme, del dictador Efraín Ríos Mont, por genocidio y crímenes contra la humanidad. Existen, por el momento, otras causas abiertas en las que se investiga de forma efectiva”.

Casos en curso, cerrados
Resaltan que la reforma, como efecto inmediato, “lo que va a producir es el cierre de prácticamente todos los procedimientos en curso, independientemente del trabajo que se haya invertido en ellos y del resultado obtenido. Además de contradictorio, a las víctimas se las priva, no de una expectativa, sino del derecho a obtener la tutela efectiva de nuestros tribunales, que la Constitución reconoce”.

“España no puede abdicar”
“España no puede abdicar de su condición de miembro activo de la comunidad internacional, particularmente en esta materia y menos en este momento – continúan- La Jurisdicción Universal para crímenes contra la humanidad es imprescindible para el funcionamiento de la justicia penal internacional, incluida la de la Corte Penal Internacional (CPI), que es complementaria de los órganos jurisdiccionales penales nacionales. Las autoridades nacionales siguen siendo por ello responsables de la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos".

La CPI necesita ayuda
“La fiscalía de la CPI no tiene capacidad ni medios para investigar por sí misma las situaciones y necesita del auxilio de los Estados que estén en disposición de llevar a cabo. Todos los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma están obligados a colaborar con ella, no sólo en relación con los asuntos o situaciones producidas dentro de sus fronteras, también respecto de los acaecidos fuera de ellas”.

La tendencia internacional es la contraria
En esta línea, explican que varios países europeos, como Bélgica, Francia, Holanda Noruega y Suecia, además de Canadá o Estados Unidos, han creado internamente unidades especiales para la investigación de estos crímenes internacionales. “La tendencia internacional no es, pues, la de desentenderse de la justicia penal internacional, sino al contrario”.

Vedada la actuación con otros países
“Lo que ahora se demanda de la Jurisdicción Universal, es un funcionamiento más ordenado y coordinado entre países y con la propia CPI, de tal manera que se logre mayor eficacia en la lucha contra la impunidad de crímenes masivos contra los derechos humanos. La posibilidad de permanecer en el elenco de países dispuestos a seguir las demandas de la comunidad internacional es precisamente lo que se está vedando con esta reforma exprés”.

“Apagar fuegos utilizando un océano”
Para ello, esta reforma de la Jurisdicción Universal no admite más que la peor crítica. Es sobre todo irreflexiva y equivocada, realizada de forma precipitada para tratar de apagar algún fuego utilizando un océano, sin percatarse de dónde nos aleja, a quién nos acerca y de que nos deja a España y a los españoles en el peor de los lugares posibles.

*El Grupo de  Derechos para la Paz está constituido por un grupo de juristas que colaboran en Movimiento por la Paz –MPDL- y en él se encuentran  Francisca Sauquillo, Elisa Veiga, Lucila Corral, Marisa Mercado, Jose Manuel Rodriguez Escudero, Juan de Justo, Mª Antonia Ozaeta, Emilio Gines, Jose Maria Salcedo, Ignacio Navas, Gloria Bombín, Henar Corbi, Teresa Rodríguez de Lecea y Rosa Arteaga entre otros.