Mientras Pablo Casado recriminaba a Pedro Sánchez que no apoyara su plan B para dar una cobertura legal a las restricciones en cuanto decaiga el estado de alarma, no consigue poner de acuerdo a sus barones con respecto al estado de alarma.
Por un lado se encuentran Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, todos ellos partidarios de que se prorrogue el estado de alarma o que se dote a las autonomías de un paraguas legal para mantener las restricciones y evitar que el coronavirus se descontrole. Una posición que no comparten desde la Puerta del Sol.
Inmersos en plena precampaña electoral y con las vistas puestas al 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso se acerca a la ultraderecha con su oposición más ferviente a una nueva prórroga del estado de alarma. Si bien la jefa del ejecutivo madrileño ha instado al Gobierno la creación de una ley que “guíe a las comunidades”, ha censurado la herramienta constitucional porque “se están vulnerando los derechos fundamentales de libertad”.
“No estoy a favor del estado de alarma y cada vez tengo más dudas del funcionamiento de los cierres perimetrales”, declaró la presidenta de la Comunidad de Madrid en un acto en Mercamadrid junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Ayuso cree que los ciudadanos deberían “confinarse donde ellos quisieran dentro de su país”.
En este sentido, la jefa del Ejecutivo regional ha sentenciado que “se están vulnerando derechos fundamentales de libertad” y considera que el estado de alarma “no puede ser la justificación” para arramplar con los derechos “por sistema”.
Sin críticas al estado de alarma
El resto de los barones populares, a diferencia de su homóloga en Madrid, no se han posicionado en contra del estado de alarma, sino más bien todo lo contrario. Tanto Feijóo como Moreno Bonilla y Fernández Mañueco han expresado su deseo de que el Ejecutivo ceda y prolongue la alarma.
No obstante, donde convergen ambas facciones conservadoras es en la creación de una normativa que permita regular los cierres perimetrales y la limitación de movimiento de los ciudadanos por el territorio nacional o regional: el plan B que le reprochaba Casado a Sánchez en la sesión plenaria del miércoles.
Este mismo jueves, de hecho, Moreno Bonilla ha encendido las alarmas ante la posibilidad de quedarse sin “instrumentos legales” de cara a un “rebrote de contagios” a partir del 9 de mayo. “Si un pueblo de Andalucía quiere organizar una feria o una romería, o si tiene lugar un botellón, no podemos impedirlo”, ha destacado el jefe del Ejecutivo andaluz, quien ha asegurado que “nos quedamos desnudos” a efectos legales.
En estos términos se ha pronunciado también Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que se pondría a Galicia en una “difícil” situación de gestión de la pandemia. “Nos quedaremos sin cobertura legal”, ha avisado el presidente de la Xunta, quien también se ha mostrado “sorprendido y disgustado” por la presumible suspensión de algunos artículos de la Ley de Salud gallega.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha planteado este lunes en una entrevista la posibilidad de buscar “otro estado de alarma con otras circunstancias y peculiaridades” si en la fecha del fin del actual, el próximo 9 de mayo, la situación epidemiológica por el coronavirus lo requiere.
También ha añadido que “a quien corresponde esa responsabilidad es al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez”, a quien pide el inicio de “un diálogo con las fuerzas políticas y las comunidades autónomas para hablar de la campaña de vacunación, del estado de alarma y de la situación que se produce después de ese día de mayo”. Tampoco ha desperdiciado la oportunidad para señalar que el Ejecutivo nacional “no ha hecho los deberes” al no aprobar “una legislación ordinaria sanitaria para luchar contra la pandemia”.
