Paro, desafección y separatismo. El Gobierno suspendió las tres asignaturas principales del curso en junio, y todo apunta a que volverá a suspender en septiembre, para desgracia de los españoles, que sufrirán las consecuencias.


La principal tarea encomendada al Gobierno de España es, desde el inicio de la crisis, la reversión en la escalada del paro, el empobrecimiento y la desigualdad. Rajoy y su aparataje mediático procura hacer calar el mensaje de que “la crisis quedó atrás”, a partir de datos macroeconómicos muy discutibles, como el raquítico crecimiento del segundo trimestre (0,6%), la reducción de la prima de riesgo (en torno a los 130 puntos básicos) o el tirón estacional de las contrataciones.

Sin embargo, la realidad que sufren los españoles habla de un desempleo desmesurado (el mayor de la zona euro), una precariedad laboral creciente, una pobreza rampante entre clases medias y trabajadoras y unas desigualdades en progresión geométrica. No hay argumentario macroeconómico ni propaganda oficialista que pueda desmentir el sufrimiento de millones de hogares en nuestro país.

Las previsiones, además, no son nada halagüeñas. La Europa de la austeridad se estanca en su núcleo duro franco-alemán, y las supuestas “raíces vigorosas de la recuperación” a las que alude Rajoy no son sino las mismas bases frágiles sobre las que se asentó el fallido “milagro español” de principios de siglo: una demanda interna lastrada por la deuda, un turismo eminentemente playero y una construcción puramente especulativa, al calor de la escasa retribución del dinero. No. Ni Europa saldrá de la crisis con la austeridad, ni España saldrá de su agujero con más adosados y más chiringuitos.

El Gobierno solo aprobará esta asignatura preparando el examen de una manera radicalmente distinta. Promoviendo en Europa la flexibilización en los objetivos del déficit, adaptando los objetivos de su política monetaria a la creación de empleo, impulsando la actividad económica con inversión pública, devaluando la moneda común y aplicando un plan de recate social para combatir la precariedad creciente. Eso en Europa, y en España más le valiera atender la propuesta de Pedro Sánchez en orden a afrontar la “transición económica” pendiente, soportando el nuevo crecimiento sobre una apuesta decidida por la investigación, la innovación y el conocimiento.

La segunda asignatura, la de la desafección ciudadana hacia la política, también lleva camino de quedar pendiente para el próximo curso. Cada vez más españoles están más hartos de corruptelas y sinvergonzadas, y la mayoría de los discursos oficiales les suenan a autojustificaciones y excusas para no hacer nada. Ciertamente no es un problema solo español, porque ahí están los resultados electorales de los populismos anti-política en Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, por ejemplo.

Desde la oposición, y concretamente desde el PSOE, se han hecho propuestas valientes y útiles, para prohibir la financiación empresarial a los partidos, para limitar los aforamientos, para impedir los indultos indecentes, para bloquear las puertas giratorias, para asegurar el funcionamiento democrático de los partidos… Pero la respuesta del Gobierno no ha podido ser más decepcionante. Rajoy acaba de lanzar una especie de ultimátum: o los demás partidos tragan con la reforma electoral destinada a blindar a los alcaldes del PP, o que se vayan olvidando de regeneraciones y limpiezas.

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