Tras la firma del rey Felipe VI de los indultos aprobados por el Consejo de Ministros, los nueve políticos catalanes encarcelados serán puestos este miércoles en libertad. Pedro Sánchez ha movido ficha en Cataluña, como anunció la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, “en un mensaje de reencuentro para superar una etapa que ojalá nunca hubiéramos vivido”.

La portavoz invitó a los ciudadanos a confiar en el Gobierno porque “lo que no se puede es no hacer nada”, seguramente en alusión a la pasividad de Mariano Rajoy Brey en los momentos más tensos vividos en Cataluña. El no hacer nada, llevó precisamente a que “se quebrantara la legalidad, a que estas personas fueran a la cárcel y a enquistar un problema en Cataluña”. Además, la posible creencia en la sociedad catalana de que el independentismo estaba al alcance de la mano, provocó la apatía.

Para evitar las falsas interpretaciones que se han hecho del alcance de los indultos, Pedro Sánchez lo concretó en su declaración institucional: son perdones parciales y dependen de que no se incurra en un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, lo que anularía el indulto. La inhabilitación para desempeñar cargo público se mantiene para todos aquellos que fueron cargos políticos, como subrayaba ayer el cronista de The New York Times. Eso impedirá que tomen decisiones desde consellerías del Govern, escaños de diputados o cargos de responsabilidad política.

En su intervención tras el Consejo de Ministros, Sánchez se mostró seguro de que la decisión adoptada era lo mejor para Cataluña y para España. El mayoritario apoyo que esta iniciativa ha encontrado en Cataluña y una cierta disminución del rechazo que encuentra en el resto de España, le habrán conducido a reiterar esa afirmación categórica.

Apostilló, en todo caso, que esa medida de gracia no exigirá, ni mucho menos, que los beneficiados deban cambiar sus ideas y que tampoco se esperaba tal cosa. De hecho, las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino “por sus actos contrarios a la legalidad democrática”.

Para el Presidente, una democracia fuerte no pide a nadie que renuncie a sus ideas, “pero exige que todas las ideas se defiendan en el marco de la legalidad y con respeto a los derechos de todos”. Y a modo de conclusión, pidió unidad porque “es el momento de la política; de pasar página”.

Rodeado de los miembros del Govern, con el aliento de Junts y de la Cup en la nuca, y con cara de circunstancias, el President Pere Aragonès, de ERC, no hizo ninguna concesión a la galería. Al ser su posición favorable a una amnistía y más tarde a un referéndum con aval internacional, dijo que los indultos son un paso en la buena dirección​, pero no suponen la solución al problema.

No olvidó la petición de que se ponga fin a la represión, entendida como las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas y las aún pendientes en varios juzgados de Barcelona, con mención además a quienes siguen sin poder volver a Cataluña.

La portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, no tardó en replicarle para dejar las cosas claras. “Si suponen un quebranto a la legalidad, la respuesta es contundente: ¡no!”. Mientras, el presidente del PP, Pablo Casado, busca la forma de personarse ante el Supremo como parte interesada para poder recurrir el perdón y seguir poniendo piedras en el zapato de la convivencia.